Newsletter Arbitraje Internacional - Mayo 2019 | Panorama regional: Asia Pacífico

CHINA

Ratificación judicial en EEUU de un laudo del HKIAC en relación con la admisión a cotización de una compañía solar

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos correspondiente al Distrito Sur de Nueva York ha dictado una sentencia en rebeldía de unos 14 millones de USD contra el ciudadano chino Weili Su y su empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas Flash Bright Power, que no comparecieron en el procedimiento, confirmando el laudo de la CNUDMI dictado el pasado año a favor de tres antiguos empleados chinos de Sky Solar, operadora de una central de energía solar fundada por Su, registrada en las Islas Cayman y participada mayoritariamente por Flash Bright.

El arbitraje se celebró en Hong Kong y se administró por el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (HKIAC).

Los antiguos empleados, Shengkang Fei, Richard Yuqiang Lu, y Ranran Xu adquirieron participaciones minoritarias en Sky Solar de conformidad con un acuerdo entre socios suscrito en 2010 y regido por la legislación de Nueva York. Según el acuerdo, Sky Solar «realizaría sus mejores esfuerzos comercialmente razonables» para conseguir su admisión a cotización en el mercado de valores NASDAQ de Nueva York. Su y Flash Bright responderían en el caso de que Sky Solar no cumpliera sus obligaciones.

Los demandantes alegaron que en 2013, Su constituyó de forma «clandestina» una nueva sociedad, Sky Power Group, como filial íntegramente participada de Sky Solar y llevó a cabo una permuta de acciones de una por una en la que los accionistas propietarios de casi el 95% de la sociedad de Cayman canjearon sus acciones por una participación equivalente en Sky Power.

COREA

Sociedades estadounidenses demandan a su socio coreano ante la CCI en relación con una disputa por una 'smart city' en Corea

Dos sociedades de Delaware propiedad de la empresa inmobiliaria familiar estadounidense Gale Investments, han iniciado un arbitraje ante la CCI con sede en Singapur contra la entidad coreana Posco Engineering & Construction, participada por el grupo acerero coreano Posco y por un fondo soberano de Arabia Saudí, en relación con un proyecto de 35.000 millones de USD para la construcción de una ciudad sostenible cerca de Seúl.

El conflicto está relacionado con una empresa conjunta para el desarrollo de la «smart city» Songdo International Business District. Gale y Posco constituyeron una joint venture para la ejecución del proyecto en 2002. Las sociedades de Gale tienen una participación aproximada del 70% en la joint venture. Posco E&C posee el resto y también es el contratista principal del proyecto.

Según Gale, Posco E&C aprovechó indebidamente su posición de socio y contratista principal e ideó un «plan deliberado» para expulsar a su socio estadounidense del proyecto.

FILIPINAS

La CCI dicta un laudo favorable a filiales de Shell y Chevron contra Filipinas en una controversia fiscal

Un tribunal de la CCI ha determinado que Filipinas no tiene derecho a recuperar los impuestos atrasados sobre los ingresos procedentes por un yacimiento marítimo de gas que reclamaba a Shell Phillippines Exploration y Chevron Malampaya.

La controversia está relacionada con los ingresos generados por el yacimiento de gas de Malampaya, que está explotado por una empresa conjunta  entre  Shell y Chevron, con una participación del 45% cada una ellas, y  la empresa estatal Philippine National Oil Company, con una participación del 10%.

En virtud de un  contrato de prestación de servicios suscrito en 1990 con el gobierno, el consorcio de Malampaya está exento de todos los impuestos salvo del impuesto sobre sociedades. Tiene derecho a un 40% de los ingresos netos de la producción, correspondiendo el 60% al gobierno a través de su departamento de energía. El conflicto surgió en 2015, cuando la Comisión de Auditoría de Filipinas, organismo que supervisa las finanzas públicas, determinó que la práctica del departamento de energía de sufragar los impuestos del consorcio con cargo a la parte de los ingresos del gobierno constituía una exención fiscal ilegal.

SINGAPUR

Singapur considera admitir el recurso judicial sobre cuestiones de derecho de los arbitrajes

El gobierno de Singapur contempla permitir que las partes de procedimientos arbitrales recurran a los órganos judiciales en relación con cuestiones de derecho que afecten a laudos arbitrales, siempre que las partes hayan acordado aplicar dicho mecanismo.

En contestación escrita a una pregunta parlamentaria sobre si el ministerio contemplaría la vía de recurso ante los órganos jurisdiccionales de la ciudad-estado cuando se alegue que el laudo adolece de «errores de derecho», el ministerio declaró que está revisando la Ley de Arbitraje Internacional (LAI) y que una de las modificaciones contempladas es la de permitir el recurso ante los órganos jurisdicciones en relación con cuestiones de derecho que afecten a resoluciones arbitrales, siempre que las partes hayan acordado aplicar este mecanismo.

Los recursos podrían interponerse ante el Tribunal Superior de Singapur.

VIETNAM

Vietnam, condenado a pagar 45 millones de USD, incluida una indemnización de daños morales, a un ciudadano neerlandés

Un tribunal de la CNUDMI ha condenado a Vietnam a pagar 45 millones de USD, incluida una indemnización de daños morales y costas, a Trinh Vinh Binh, ciudadano neerlandés de origen vietnamita y a su empresa Binh Chau JSC, en una demanda basada en el APRI entre los Países Bajos y Vietnam.

El laudo contempla el pago de 27,5 millones de USD a favor de Binh y su empresa por la expropiación de sus bienes y de otros 10 millones como indemnización de daños morales.

La demanda obedece al supuesto incumplimiento por Vietnam de un acuerdo transaccional por el que se puso fin a una anterior demanda ante la CNUDMI de Binh en la que invocó el mismo APRI. En 1996, Binh fue arrestado por las autoridades vietnamitas por incumplir las leyes sobre sobornos y cohecho y sobre compras de bienes por residentes internacionales. Dos años más tarde, fue condenado a 13 años de cárcel (condena reducida a 11 años después del recurso) así como al pago de una multa y a la incautación de sus bienes. Afirmó, además, que el estado le torturó antes de un juicio ficticio celebrado para justificar la incautación de sus bienes.