Newsletter Arbitraje Internacional - Mayo 2020 | Panorama Regional: Asia Pacífico

COREA DEL SUR

Una aseguradora coreana, implicada en una demanda relacionada con una OPS

Chang Jae Shin, el presidente y consejero delegado de la tercera mayor compañía de seguros de vida de Corea del Sur, Kyobo Life Insurance, se enfrenta a una demanda de la CCI de 2.000 millones de USD presentada por cuatro inversores después de que la aseguradora no llevara a cabo una OPS. Los accionistas suscribieron un contrato de compraventa de acciones con Kyobo en 2012, por el que también se les concedió una opción de venta que obligaba a Shin a comprar sus acciones si no se llevaba a cabo una salida a Bolsa para 2015.

En 2018, los inversores intentaron ejercitar dicha opción por el retraso en la salida a bolsa, pero Shin alegó que la opción infringía la normativa del Servicio de Supervisión Financiera coreano relativa a contratos de opción y que, por lo tanto, era nula, lo que llevó a los accionistas a presentar la demanda de la CCI en marzo de 2019.

Aparte del arbitraje, Kyobo ha presentado una demanda contra la filial coreana de Deloitte ante la US Public Company Accounting Oversight Board al considerar que preparó un informe de tasación erróneo, que los inversores utilizaron para exigir unos 334 USD por acción de Kyobo a pesar de que, según Shin, el valor de las acciones era muy inferior.

Finaliza el recurso relacionado con satélites coreanos

El 24 de febrero de 2020, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó un auto en procedimiento sumario por el que desestimó el recurso de Korean KT Corporation y su filial, una  empresa de telecomunicaciones que era propiedad del Estado surcoreano (KT), para la anulación de las decisiones de un tribunal de la CCI favorables a una compañía de Bermudas por la propiedad de unos satélites.

El Gobierno coreano considera a KT como de su propiedad, a pesar de que fue privatizada en 2002, y normalmente sustituye a su consejero delegado cuando una nueva administración toma el relevo. Debido a la negativa del consejero delegado a dimitir después de la llegada al poder de Geun-hye Park, la administración coreana intentó anular la venta del satélite afirmando que no contaba con las autorizaciones de exportación necesarias.                                                                                                                        

No obstante, la mayoría del tribunal de la CCI, en laudo dictado en 2018, determinó que la venta no fue nula y que ABS es el propietario legítimo del satélite, posteriormente resolvió además que KT incumplió el contrato de compraventa del satélite y otro contrato para la operación del satélite en nombre de ABS, con el disentimiento del árbitro Gary Born, nombrado por KT.

En su solicitud de anulación del laudo parcial y del laudo definitivo, KT afirmó que el tribunal había excedido sus competencias al ignorar manifiestamente la legislación coreana e infringir el orden público. Ambos laudos fueron reconocidos y ejecutados en 2018 por los tribunales estadounidenses a petición de ABS, a pesar de que, según KT, estaban en juego los intereses nacionales de Corea del Sur. En diciembre de 2019, KT interpuso recurso ante el Tribunal Supremo en virtud de la doctrina de la cortesía judicial después de que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ratificara los laudos.

MALASIA

Shell  consigue una indemnización de daños en una controversia en Malasia

Una filial de Shell ha obtenido más de 340 millones USD en un arbitraje millonario del Asian International Arbitration Centre iniciado por Gumusut-Kakap Semi-Floating Production System (GKL), filial de la empresa estatal de transporte de Malasia Malaysia International Shipping Corporation (MISC) en relación con uno de los mayores yacimientos marítimos de petróleo del país.

El conflicto surgió en relación con un sistema de producción semiflotante desarrollado por MISC para la explotación del yacimiento petrolífero en aguas profundas de Gumusut-Kakap, en la costa del estado de Sabah, al este de Malasia. La plataforma se completó de acuerdo con un contrato de arrendamiento con Sabah Shell en 2012.

GKL  inició un arbitraje en 2016 y procedimientos de resolución en 2017 contra Sabah Shell en el Centro Regional de Kuala Lumpur.  Los árbitros desestimaron otra demanda de GKL de 130 millones de USD relacionada con los pagos de rentas. El tribunal ha otorgado a Sabah Shell un pago de 324 millones de USD por trabajos de subsanación de defectos y en concepto de reembolso de rentas pagadas en exceso como resultado de la decisión de los procedimientos de resolución, 15 millones de USD en concepto de cláusula penal e intereses previos al laudo. También se determinó el pago de costas a favor de Sabah Shell por importe de 12,7 millones de USD.

SINGAPUR

Prevalecen los criterios de indicios razonables en la suspensión de procedimientos de disolución

El 7 de abril, la Corte de Apelaciones de Singapur confirmó que, al decidir sobre la suspensión de un procedimiento de disolución en el que exista controversia sobre la existencia de deuda sujeta a un convenio arbitral, se aplica el criterio de examen de indicios razonables (prima facie), revocando así la decisión del juez de primera instancia de aplicar el criterio que requiere que se demuestre la existencia de una controversia sustancial y de buena fe respecto a la deuda reclamada (triable issue)

Determinó que el procedimiento de disolución contra AnAn Group debía suspenderse por haber indicios razonables de la existencia de un convenio arbitral y de la existencia de una controversia sobre la deuda sujeta al mismo, después de que AnAn solicitara arbitraje respecto de la deuda. La controversia trae causa de un contrato de recompra suscrito por AnAn y el banco estatal ruso, VTB, en el que AnAn se comprometió a readquirir 36 millones en GDR (Global Depository Receipts) de acciones del grupo energético y metalúrgico ruso En+ a precios preacordados, que anteriormente había vendido a VTB por unos 250 millones de USD. A pesar de la estructura de la operación, el juez determinó que en realidad se trataba de un préstamo.

Por otra parte, AnAn se obligó en el contrato a mantener garantías suficientes calculadas conforme al valor vigente de los GDR, que se ha desplomado como consecuencia de las sanciones impuestas por el Tesoro de los EEUU a los principales accionistas de En+ en 2018. Cuando AnAn no pudo restituir el nivel de las garantías al exigido por VTB, el banco ruso presentó un requerimiento oficial de pago por 170 millones USD y posteriormente instó la declaración de disolución de AnAn basándose en el requerimiento. AnAn planteó entonces un argumento de frustración y fuerza mayor en primera instancia, que el juez Chong declaró erróneo o legalmente insostenible, por lo que después AnAn recurrió apelando al criterio de indicios razonables, negando además que existiera deuda alguna, tal y como acreditaba un nuevo informe de valoración aportado.

La corte de apelaciones invocó el enfoque adoptado por el Court of Appeal inglés en el caso Salford en 2015, según el cual las peticiones de disolución deben suspenderse cuando exista una deuda sujeta a convenio arbitral, siempre que la solicitud de suspensión no conlleve fraude procesal.

La Corte de Apelaciones de Singapur redefine los límites de la excepción de fraude procesal

El 16 de abril, la Corte de Apelaciones de Singapur ratificó una resolución que prohibía a un acreedor de Bahamas seguir procedimientos de disolución contra un deudor de Singapur, identificado como Petrolimex Singapore, filial de una petrolera estatal vietnamita. Determinó que el hecho de impedir que el deudor se defienda frente a la reclamación de deuda, sobre la base del potencial fraude procesal derivado de la incoherencia de su conducta, plantearía un  riesgo de injusticia aún mayor al permitir la ejecución de una deuda potencialmente ilegal por parte del acreedor.

La controversia surgió de una cadena de contratos que tenían por objeto la recompra de crudo por valor de 30 millones de USD por la filial de Singapur de la petrolera de Hong-Kong Brightoil, después de que el crudo le fuera vendido a una entidad de Bahamas y por ésta a Petrolimex. Brightoil no pagó el cargamento, con lo que Petrolimex no pudo pagar a la entidad de Bahamas. El acreedor de Bahamas presentó requerimiento formal de pago y Petrolimex solicitó una orden judicial que impidiera al acreedor seguir procedimientos de disolución en su contra con el fin de someter la controversia a arbitraje.

La decisión fija un límite a la capacidad de una parte para alegar fraude procesal con el fin de impedir que la otra parte se defienda frente a la reclamación de deuda subyacente, como parte de una estrategia más amplia destinada a eludir el convenio arbitral y proceder directamente a una disolución.