Newsletter Arbitraje Internacional - Noviembre 2019 | Panorama regional: El continente americano

Costa Rica

Un tribunal de la CCI permite la disolución por Costa Rica de una empresa conjunta petrolera china

Un tribunal de la CCI ha admitido la solicitud de la petrolera estatal costarricenses  Refinadora Costarricense de Petroleo (Recope) para la disolución de su empresa conjunta con su socio chino CNPC International (CNPCI), filial de  China National Petroleum Corporation,  en el marco de una controversia por la cancelación de un proyecto de 1.500 millones USD para la modernización de una refinería de petróleo.

El tribunal resolvió la disolución y liquidación de Soresco, la empresa conjunta de las partes.

La controversia está relacionada con el contrato de empresa conjunta suscrito en 2008 para la ampliación por Soresco de la refinería Moín, próxima al puerto costarricense de Limón. El contrato se suscribió un año después de que China y Costa Rica establecieran relaciones diplomáticas por primera vez.

En 2013, la Oficina del Interventor General, responsable de finanzas públicas de Costa Rica, suspendió el proyecto al determinar que Recope no podía confiar en los estudios de impacto ambiental y viabilidad que había encargado, ya que uno de los estudios había sido preparado por una sociedad vinculada a CNPCI. El proyecto está paralizado desde entonces. En 2016, Recope anunció que ponía fin a la empresa conjunta, declarando que se había esforzado por superar los obstáculos pero que CNPCI había rechazado sus soluciones.

Perú

Dictan una orden judicial de prisión contra 14 árbitros en el caso de los sobornos de Odebrecht

El Tercer Juzgado de Investigación de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Perú ha dictado prisión preventiva contra 14 árbitros mientras estén siendo investigados por la presunta aceptación de sobornos para favorecer a la constructora Odebrecht en una serie de casos que han costado al estado más de 250 millones USD.

El juez dictó prisión preventiva para los árbitros durante 18 meses mientras sigue adelante la investigación de 42 arbitrajes entre Odebrecht y el estado peruano.

Este es el último acontecimiento relacionado con el grupo constructor brasileño Odebrecht, que en 2016 accedió a pagar una multa de 2.600 millones USD a autoridades estadounidenses, suizas y brasileñas después de reconocer que había pagado sobornos por valor de 788 millones USD en 12 países entre 2001 y 2016, incluidos 29 millones USD a funcionarios del gobierno peruano a lo largo de nueve años.

Venezuela

Guaidó no consigue evitar la ejecución de un laudo del CIADI por los tribunales estadounidenses

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó no ha conseguido convencer al Tribunal de Distrito de Colombia, EEUU, para que suspenda la ejecución de un laudo del CIADI de más de 400 millones USD favorable al acreedor OI European Group (OIEG), filial holandesa del fabricante estadounidense de envases de vidrio Owens-Illinois, contra Venezuela y sus propiedades.

Aunque el juez reconoció la «grave crisis humanitaria» por la que está atravesando el país, señaló que las propiedades objeto de la controversia fueron confiscadas en 2010 y el laudo se dictó hace más de cuatro años, antes del inicio de la crisis, afirmando que la suspensión «solo serviría para retrasar» el derecho de OIEG a una sentencia.

Anulado por un tribunal de apelación de los Países Bajos un laudo de la CCI contra la venezolana PDVSA

El Tribunal de Apelación de La Haya ha revocado y anulado parcialmente un laudo de la CCI contra Bariven, filial de la empresa estatal venezolana de petróleo y gas  PDVSA, al determinar que el contrato subyacente fue adjudicado mediante sobornos.

El juez resolvió que los árbitros habían aplicado un criterio demasiado estricto para desestimar las alegaciones según  las cuales Wells había conseguido el contrato mediante sobornos.

La empresa contratista domiciliada en Texas, Wells Ultimate Service, obtuvo una decisión de la CCI por la que se condenaba a Bariven a pagar 11,7 millones USD más intereses y costas a Wells por incumplir el contrato suscrito en 2012 para la compra de dos top drives - motores de grandes dimensiones utilizados en las plataformas de perforación.

En el arbitraje, Bariven alegó que el contrato sujeto a la legislación neerlandesa era nulo por haberse adjudicado por medios corruptos y que Wells era una sociedad instrumental, constituida como parte de una trama de sobornos encabezada por el empresario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, padre del presidente de Wells y cuñado de su titular real último.