Newsletter Arbitraje Internacional - Noviembre 2019 | Panorama regional: Europa

Unión Europea

Los Estados miembros de la UE acuerdan un tratado que acaba con los TBI

Mediante declaración publicada el 24 de octubre de 2019, la Comisión Europea anunció el acuerdo alcanzado por los Estados miembros de la UE sobre un tratado multilateral para poner fin a los tratados bilaterales de inversión intracomunitarios (TBI).

El texto firmado del tratado se publicará en la web de la Comisión. La Comisión ha instado a los Estados miembros a que garanticen un proceso fluido y rápido de ratificación.

Con este acuerdo se cumple el compromiso de coordinar la extinción de los tratados bilaterales de inversión intracomunitarios de resultas de la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Achmea en marzo de 2018.

La Comisión lamenta que una minoría de Estados miembros no haya podido endosar el texto (concretamente Suecia, Finlandia y Rumanía, aunque por motivos distintos). En esos casos, la Comisión contemplará reanudar o iniciar procedimientos de infracción contra los Estados miembros de la UE que no pongan fin a sus tratados bilaterales de inversión intracomunitarios.

GRECIA

Grecia paga un laudo relacionado con la seguridad en los Juegos Olímpicos de 2004

Grecia  ha pagado 53 millones de euros al contratista de seguridad estadounidense Leidos en cumplimiento de una resolución de la CCI referente a un sistema de seguridad encargado para los Juegos Olímpicos de 2004, después de no haber podido conseguir su anulación alegando corrupción.

Leidos seguirá procedimientos de ejecución en los Países Bajos, Inglaterra y Luxemburgo para recuperar 1,2 millones de euros en concepto de intereses impagados e impuestos que asegura fueron retenidos indebidamente.

La controversia trae causa de un contrato de 255 millones de euros suscrito en 2003 con Leidos, denominada entonces Science Applications International Corporation,  para el desarrollo de un sistema de seguridad conocido como C4I,  con el fin de dotar de infraestructuras de seguridad a los bomberos, la guardia costera y el servicio de ambulancias de Grecia durante los Juegos de 2004.

Leidos alegó que Grecia usó el C4I durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos sin haberlo aceptado formalmente y sin haberlo pagado. Después de que la primera demanda presentada por Leidos ante la CCI en 2007 fuera objeto de transacción, la compañía presentó una segunda demanda en 2009 alegando que Grecia no había realizado los pagos acordados.

España

Abengoa acuerda vender parte de los derechos de un arbitraje de inversión contra España

La empresa española Abengoa ha anunciado el acuerdo para vender una participación en el resultado de una demanda basada en el TCE seguida ante la Cámara de Comercio de Estocolmo contra España por las reformas del régimen de las renovables.

Según ha anunciado Abengoa, el acuerdo alcanzado con un grupo de reconocidos fondos permitiría la monetización parcial del arbitraje.

El acuerdo se encuentra pendiente de obtener las aprobaciones necesarias de los acreedores de la compañía.

El Tribunal Constitucional español admite un recurso contra la anulación de laudos arbitrales

En los últimos años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha creado polémica al anular una serie de laudos por motivos de orden público. La comunidad arbitral se ha opuesto diametralmente a estas decisiones, aduciendo que la revisión judicial de los laudos deber ser mínima.

En septiembre de este año, el Tribunal Constitucional español admitió un recurso de amparo contra una decisión del TSJ madrileño que anulaba un laudo dictado en arbitraje de equidad, aduciendo que el árbitro no había motivado suficientemente el laudo.

La comunidad arbitral está a la espera de la decisión de este recurso con la esperanza de que resuelva de una vez por todas la cuestión de la revisión de laudos. 

España fracasa en su intento de descalificación de un tribunal arbitral

España no ha conseguido la recusación de un tribunal arbitral al completo en la demanda basada en el TCE de un grupo de bancos alemanes afectados por la reforma del régimen de las renovables. España alegó que el tribunal arbitral había resuelto anteriormente sobre determinados aspectos del fondo del asunto en una decisión provisional en el mes de febrero, en la que rechazó la objeción jurisdiccional de España en el sentido de que el derecho de la UE impide los arbitrajes de inversión intracomunitarios basados en el TCE.

El tribunal arbitral estaba integrado por el británico Sir Christopher Greenwood QC , como Presidente, y por los árbitros Charles Poncet de Suiza y Rodrigo Oreamuno, de Costa Rica.

La acción de descalificación fue desestimada por no haberse presentado en plazo, motivo suficiente para desestimarla en su totalidad. Por otra parte, la propuesta se analizó teniendo en cuenta el fondo del asunto, confirmándose igualmente su desestimación.