Newsletter Arbitraje Internacional - Noviembre 2020 | Panorama Regional: Europa

ESPAÑA

Inversores en renovables desisten de sus demandas contra España

Una filial neerlandesa del fondo soberano de inversión de Abu Dhabi Masdar Solar & Wind Cooperatief ha acordado renunciar a un laudo de 80 millones de euros contra España a cambio de beneficiarse del nuevo régimen de incentivos para las renovables del país.

El pasado año, España aprobó una ley por la que se ofrece a los inversores diversos incentivos económicos a los que solo podrán acceder si estos desisten de sus demandas contra el estado. Básicamente, la ley fija una tasa de retorno del 7,398% para el período 2020 a 2031 para aquellos que renuncien a su derecho a indemnización, mientras que la tasa de retorno para aquellos que no lo hagan será del 7,05%.

El estado dio de plazo hasta octubre de 2020 para que los inversores aceptaran la oferta, pero ha decidido prorrogarlo a diciembre de 2020 debido a la pandemia del COVID-19.

Este ha sido el primer caso en el que un inversor ha renunciado a su derecho de indemnización para poder beneficiarse de esta ley. No obstante, en las últimas semanas, nuevos inversores han decidido seguir este camino. Un grupo de inversores solares alemanes, integrado por Ferrostatal, RWA y Stawerke München, han decidido también desistir de su acción de anulación contra un laudo del CIADI favorable a España de 420 millones de euros.

Por otra parte, Element Power Holdings BV, demandante en el caso PV Investors, ha acordado renunciar a su derecho a compensación conforme al laudo de 91 millones de euros contra España, mientras que los inversores en la entidad del grupo Deutsche Bank RREEF también han decidido renunciar a parte de la indemnización de daños que obtuvieron el pasado año en el arbitraje del CIADI.

Un inversor japonés presenta una demanda ante el CIADI contra España

Mitsui & Co (Mitsui), conglomerado japonés de energía e infraestructuras que cotiza en la bolsa de Tokio, ha presentado una nueva demanda contra España ante el CIADI en relación con su inversión en un proyecto de energía solar valorado en 260 millones de euros, alegando que el nuevo régimen de incentivos a las renovables del país infringe el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

Guzmán Energía fue una joint venture que constituyeron en el 2010 Mitsui y la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) para la construcción y explotación de una central termosolar de 50 megavatios en Córdoba. La electricidad se vendería a la red por Guzmán Energía, conforme al régimen tarifario español vigente en ese momento. El coste de la construcción de la planta termosolar rondó los 260 millones de euros y comenzó a funcionar en 2012, con un período operativo de 35 años.

Pero después de la inversión de Mitsui, España adoptó una serie de medidas para la reducción de tarifas en el sector fotovoltaico que han desembocado en unas 50 demandas de inversión contra el país, por valor de 7.300 millones de USD. Para contrarrestar esta medida, España promulgó una nueva ley en 2019 que otorga una tasa de retorno del 7,39% a los inversores que no tengan ninguna causa pendiente contra España, mientras que, para aquellos con alguna causa pendiente, la tasa de retorno será del 7,09%. Mitsui afirma que la nueva ley incumple el TCE, al impedir a los inversores presentar nuevas demandas o presionarlos para que desistan de las pendientes.

GEORGIA

Un inversor de telecomunicaciones presenta una demanda contra Georgia

El inversor azerbaiyano Nasiv Hasanov ha presentado ante el CIADI una demanda de inversión contra Georgia por la supuesta injerencia del estado en el proveedor de internet local Caucasus Online, conforme al APRI entre Georgia y Azerbaiyán.

El inversor azerbaiyano es el propietario último de Neqsol Holding (Neqsol), grupo de sociedades que opera en los sectores del petróleo, el gas, la construcción y las telecomunicaciones. La demanda se ha presentado después de que las autoridades estatales nombraran a un administrador especial para el consejo de Caucasus Online, participada al 49% por Neqsol.

Según Neqsol, con ese nombramiento el gobierno georgiano está intentando revertir la operación por la que Neqsol adquirió acciones de Nelgado, la sociedad matriz de Caucasus, ya que el administrador especial está facultado para cesar administradores y suspender el derecho del proveedor a operar. La demanda se basa en el supuesto incumplimiento por Georgia de su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a la inversión de Neqsol.

REINO UNIDO

El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales suspende la ejecución de una garantía contra una eléctrica escocesa

El Commercial Court de Londres ha otorgado las medidas cautelares solicitadas por Aggreko International Project (Aggreko), empresa eléctrica escocesa que opera en Yemen, impidiendo así a la yemení Al Sadi Trading Group (Al Sadi) ejecutar una garantía de 7.300 millones de USD hasta que en el arbitraje de DIFC-LCIA se determine si la resolución de su contrato con Aggreko fue válida.

Aggreko y Al Sadi suscribieron en 2012 un contrato por el que la última adquirió en arrendamiento de la primera un equipo de generación de electricidad para su uso en Yemen. En septiembre de 2020, Aggreko resolvió el contrato alegando que Al Sadi debía pagos por valor de 30 millones de USD y aludiendo además a las perturbaciones a su actividad provocadas por la guerra en Yemen.

El Commercial Court determinó el mantenimiento de las medidas cautelares que impiden a Al Sadi y a los bancos ejecutar las garantías hasta que la controversia se resuelva por el tribunal arbitral.