Newsletter Arbitraje Internacional - Octubre 2019 | Panorama regional: El continente americano
Las novedades más destacadas en el Continente Americano por la práctica global de Arbitraje Internacional y ADR de Garrigues.
Colombia
Colombia se enfrenta a una controversia relacionada con su dominio ‘.co’
La tecnológica estadounidense Neustar ha anunciado su intención de presentar una demanda ante el CIADI contra Colombia al amparo del tratado de libre comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia en relación con sus derechos sobre el dominio ‘.co’.
La controversia se deriva de un contrato de concesión a 10 años que la filial de Neustar firmó en 2009 con el Ministerio Colombiano de Comunicaciones y Tecnologías de la Información para la administración del domino ‘.co’, que usan unos 2,25 millones de sitios web. La concesión expira en febrero de 2020 y el ministerio ha puesto en marcha una licitación para adjudicar el derecho de gestión del nombre de dominio.
Neustar pretende obtener una prórroga a su concesión por otros 10 años amparándose en la protección que le otorga el TLC. El ministerio ha declarado que ha iniciado un proceso de licitación en relación con el dominio pero que Neustar, en lugar de presentar una oferta, ha decidido exigir que se negocie directamente en el marco de un arbitraje internacional.
Ecuador
Ecuador pierde un arbitraje de inversión en una controversia por un bloque de petróleo, pero gana en la reconvención por daños ambientales
La petrolera de Bahamas Perenco ha ganado 449 millones USD en la demanda que presentó ante el CIADI contra Ecuador por la tasa impuesta sobre los excedentes no previstos de los precios de venta del petróleo, al tiempo que ha sido condenada a pagar 54 millones USD por daños ambientales.
La controversia surge de la participación de Perenco en dos bloques de petróleo de la Amazonia, en los que tenía como socio a la filial de ConocoPhilips Burlington Resources.
En 2006, Ecuador promulgó la Ley 41, por la que gravaba los “ingresos extraordinarios” obtenidos por empresas extranjeras como resultado de la subida global de los precios del petróleo. El impuesto se fijó en un primer momento en el 50%, incrementándose posteriormente al 99%.
Perenco y Burlington presentaron demandas ante el CIADI en 2008, invocando los tratados bilaterales de inversión con Francia y los EEUU, respectivamente, y los dos contratos de participación en los bloques, reclamando cada una de ellas una indemnización de 1500 millones USD por los daños ocasionados por el impuesto sobre beneficios extraordinarios. El tribunal del CIADI resolvió que el impuesto del 99%, y no así su antecesor del 50%, vulneraba la disposición de trato justo y equitativo del TBI entre Ecuador y Francia y que Ecuador había expropiado la participación de Perenco en los bloques.
En la reconvención formulada por Ecuador, el tribunal determinó que Perenco había causado daños ambientales por 94 millones USD por la contaminación del suelo, de aguas subterráneas y de pozos de lodo, aunque redujo esta cifra en 39 millones para impedir la duplicación de la indemnización prevista en el laudo Burlington.
Guatemala
Posible arbitraje de inversión contra Guatemala por un proyecto hidráulico
Estrella Coöperatief y sus filiales Deocsa BV y Deorsa BV, todas ellas entidades neerlandesas, han amenazado con presentar una demanda de arbitraje de inversión contra Guatemala por las tarifas eléctricas.
Las entidades neerlandesas, propiedad del fondo de capital riesgo neoyorquino I Squared Capital, son inversoras en Energuate, distribuidora de electricidad guatemalteca.
La controversia se refiere a las tarifas de consumo fijadas en junio de 2019 por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de Guatemala para el período 2019-2024. I Squared Capital adquirió su inversión en Energuate cuando compró toda la cartera energética latinoamericana y caribeña de IC Power por 1300 millones USD a finales de 2017.
México
El mexicano Accendo Banco se enfrenta a una medida ‘anti-proceso’ de Deutsche Bank en el marco de una demanda arbitral
Deutsche Bank ha solicitado ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York una medida anti-proceso contra el banco mexicano Accendo en apoyo de un procedimiento arbitral iniciado ante la CCI por una venta de 175 millones USD que fue cancelada como consecuencia de acusaciones de blanqueo de capitales.
Deutsche Bank ha instado una orden que impida la ejecución por Accendo Banco del requerimiento dictado en contra de Deutsche Bank por un tribunal de México.
El conflicto tiene su origen en la venta por Deutsche Bank de sus operaciones bancarias mexicanas a Accendo en 2016, cuyo contrato resolvió Deutsche Bank el pasado año alegando que Accendo no había consumado la operación. Accendo inició un arbitraje ante la CCI y obtuvo además una orden judicial mexicana que prohibía a Deutsche Bank vender su negocio mexicano a un tercero.
Según Deutsche Bank, la orden mexicana supone el incumplimiento de la cláusula sobre elección de fuero contenida en el contrato que las partes suscribieron en 2016, que establece la competencia exclusiva de los juzgados de Nueva York como medio de solución de controversias previo al arbitraje.
Perú
Una minera canadiense gana un arbitraje contra la estatal peruana COFIDE
La empresa minera canadiense Minera IRL ha ganado un arbitraje de 34 millones USD celebrado en Lima contra el banco de desarrollo propiedad del estado peruano Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE) por la financiación de un proyecto aurífero.
IRL inició un procedimiento arbitral contra COFIDE administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima en una controversia relacionada con una carta de mandato suscrita en 2015 por la que se autorizaba a COFIDE a estructurar una línea de crédito de 240 millones USD para financiar la construcción del Proyecto Ollachea. Pero por su parte, IRL afirma que COFIDE puso fin a la carta de mandato en 2017. Según Minera, el banco cambió su estrategia para centrarse en la financiación de pequeñas y medianas empresas.
IRL ha declarado que el tribunal resolvió a su favor en cinco de sus siete pretensiones, habiendo rechazado una de ellas sobre el fondo del asunto y la otra por cuestiones de competencia. El tribunal determinó que COFIDE había acordado ayudar a IRL con la estructuración de un crédito a largo plazo que serviría para amortizar el préstamo puente, obligación que fue incumplida por el banco. Según ha informado IRL, el tribunal declaró que “este incumplimiento constituye culpa grave” y como consecuencia del mismo la minera ha sufrido daños y que la extinción del mandato de crédito a largo plazo por COFIDE fue “válida y plenamente eficaz”.
Una empresa hidroeléctrica estadounidense presenta una demanda ante el CIADI contra Perú
La empresa energética estadounidense Latam Hydro y su filial peruana CH Mamacocha (CHM) han presentado una solicitud de arbitraje ante el CIADI en contra de Perú, con arreglo al convenio para el fomento del comercio entre los Estados Unidos y Perú (CFC), por la ejecución frustrada de un proyecto hidroeléctrico.
Las diferencias surgieron de un contrato de concesión suscrito por CHM con el Ministerio de Energía y Minas de Perú (MINEM) para la construcción y explotación de una central hidroeléctrica de 20 megavatios y una línea de transmisión junto a la Laguna de Mamacocha.
Latam Hydro alega que agencias del gobierno regional y central interfirieron arbitrariamente en los procesos de concesión de permisos y licencias y que posteriormente MINEM reconoció las injerencias, ampliando los plazos para compensar los retrasos causados.
El demandante afirma que en 2017, el gobierno regional de Arequipa inició acciones ante los juzgados locales como parte de una “campaña agresiva” para detener el proyecto e intentar revocar dos permisos medioambientales que había aprobado dos años antes.
Latam Hydro pretende obtener resolución declarativa e indemnización de daños, así como una orden que prohíba a Perú cobrar un aval de cumplimiento. También pretende que el tribunal otorgue medidas cautelares que impidan a Perú seguir adelante con un arbitraje iniciado en Lima sobre la base del contrato de concesión y le obligue a poner fin al procedimiento penal contra uno de sus abogados.
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