Newsletter Arbitraje Internacional - Octubre 2019 | Panorama regional: Oriente Medio y África

Gabón

Eurofinsa obtiene un laudo parcial a favor en una disputa contra Gabón relativa a un proyecto de carreteras

Un tribunal de la CCI ha desestimado el grueso de una demanda de 67 millones de euros del grupo constructor español Eurofinsa contra Gabón en relación con un proyecto de carreteras, condenando a Gabón a pagar tan solo 5,7 millones de euros y al grupo a reembolsar un préstamo de puesta en marcha de 5,9 millones de euros que había recibido de Gabón, lo que resulta en un laudo neto de unos 200.000 euros a favor del estado.

La demanda está relacionada con el contrato de la filial local de Eurofinsa, Ceddex-Entraco, con el Ministerio de Obras Públicas de Gabón para la ampliación de una de las principales autopistas del estado a las afueras de la capital, Libreville. En 2017, Eurofinsa puso fin al contrato ante las noticias de los problemas económicos por los que atravesaba el ministerio. A finales de ese mismo año, Eurofinsa presentó una demanda contra el estado.

KENIA

Kenia pierde una demanda de un contratista español en relación con un proyecto eléctrico 

El grupo constructor español Abengoa y su filial Instalaciones Inabensa han informado de que la CNUDMI les ha dado la razón y ha resuelto a su favor mediante un laudo de 38 millones de euros y en contra de la estatal keniata Kenya Electricity Transmission Company (Ketraco), en un arbitraje administrado conforme al reglamento de 2010 de la CNUDMI por la cancelación de un proyecto de transmisión de electricidad. 

El origen de la controversia está en un contrato de 32 millones de euros, que le fue adjudicado por Ketraco a Instalaciones Inabensa en 2013 para la construcción de una línea de transmisión de 132 kilómetros entre Kenia y Uganda y la ampliación de una subestación. El proyecto estaba financiado por el Banco de Desarrollo Africano y forma parte de un proyecto de mayor envergadura para la construcción de líneas de transmisión de una extensión aproximada de 770 kilómetros en varios países africanos.

En 2016, Ketraco resolvió el contrato, alegando, al parecer, su incumplimiento por parte de Inabensa.

Según Abengoa, el laudo reconocía a su favor 30,9 millones de euros en concepto de principal, 6,4 millones de euros de intereses y 900.000 euros de costas.

KUWAIT

Una empresa surcoreana pide citar a un antiguo directivo de una firma kuwaití en apoyo de una demanda presentada ante la CCI

La surcoreana Doosan Heavy Industries ha solicitado al Tribunal del Distrito Norte de Georgia permiso para citar a un antiguo directivo de una firma de capital riesgo kuwaití en relación con la ejecución de un laudo de la CCI contra  KGL, grupo de transportes y logística de dicho país.

El conflicto surgió de la cancelación de un proyecto de terminal de contenedores en Egipto y ha dado lugar a la ejecución de un laudo de la CCI por 74 millones USD favorable a Doosan contra dos sociedades del grupo de KGL, Damietta International Ports Company (DIPCO) y su accionista al 29%, Kuwait Gulf Link Ports International (KGLPI).  

Doosan presentó una proposición de prueba con el objeto de obtener documentación y la declaración testimonial de Wael Salam, antiguo director de inversiones de la división de capital riesgo de KGL.

La propuesta se ha presentado en apoyo de los procedimientos judiciales seguidos en Egipto, en los que Doosan ya ha obtenido embargos cautelares. Doosan ha informado de que además de Egipto también contempla iniciar procedimientos de ejecución en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Oman, países en los que opera  KGLPI o sociedades de su grupo.

MAURICIO

Un tribunal de la CNUDMI desestima una demanda de arbitraje de inversión contra Mauricio

Un tribunal de la CNUDMI ha desestimado una demanda de 12 millones USD presentada por dos inversores franceses, Christian y Antoine Doutremepuich, padre e hijo, contra Mauricio, por el fracaso de sus planes para establecer un laboratorio de análisis de ADN.

La demanda se presentó de conformidad con el acuerdo bilateral de inversión de 1973 entre Francia y Mauricio y la administración del arbitraje se encomendó a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. 

La disputa afecta a un proyecto insignia para el establecimiento de un laboratorio de ADN en Mauricio en respuesta a la voluntad del estado de reforzar sus capacidades de ciencias forenses. Los demandantes constituyeron compañías en Mauricio e invirtieron en el proyecto. Pero los demandantes afirman que cuando se envió un plan de negocio actualizado a la Oficina del Primer Ministro en 2016, el proyecto fue rechazado sin aducir ningún motivo, infringiendo los derechos que les asistían según el acuerdo.

En cuanto a la competencia objetiva, Mauricio alegó que la mera propiedad de sociedades no operativas y gastos previos a la inversión no constituyen inversiones aptas a efectos del acuerdo bilateral de inversión. Aunque el concepto de inversión no está definido expresamente en el acuerdo, que se limita a incluir una relación no exhaustiva de activos, su definición “natural” según el estado requiere que exista una aportación de capital, una duración significativa y un reparto de riesgos operativos, lo que se conoce como test Salini.

En el laudo, el tribunal reconoció que era necesario determinar el significado objetivo de «inversión» aplicando el test Salini Concluyó que la inversión de los demandantes no satisfacía ninguno de los tres criterios de dicho test.

Emiratos Árabes Unidos

La Corte de Apelación de Abu Dhabi confirma dos laudos del DIAC en una controversia sobre energía

La Corte de Apelación de Abu Dhabi ha desestimado a solicitud de revocación planteada por la empresa local Emirates International Energy Services (EMAS) contra dos laudos obtenidos a favor de la filial de ingeniería del conglomerado Malasio Sime Darby Engineering (SDE), emitidos, por el Centro Internacional de Arbitraje de  Dubai (DIAC) relativos a la decisión de resolver siete licencias sobre proyectos de energía en los E.A.U.

Los laudos desestimaron las reclamaciones de contra SDE por reclamaciones bajo un contrato de agencia de 2006, según el cual la empresa local debía identificar proyectos adecuados en el país para su cliente malasio y licitar a los mismos. La controversia surgió en 2011 tras rechazar SDE participar en siete licitaciones de proyectos de energía por un valor combinado de 5.700 millones de US$, dejando desiertos los concursos justo antes del transcurso de sus plazos.