Newsletter Arbitraje Internacional - Octubre 2020 | Panorama Regional: Europa

ALBANIA

Presentan una demanda de arbitraje contra Albania por la expropiación de una terminal portuaria

La estadounidense Metal Commodities Trade Corp y la británica Altberg Developments, socias en la empresa Durres Container Terminal (joint venture albanesa que sirve de vehículo para la explotación de la concesión portuaria de Durres otorgada por Albania), han presentado ante el CIADI una demanda de 100 millones de euros contra Albania después de que un juez albanés ordenara la resolución del contrato y la expropiación de la terminal portuaria. La demanda contempla una serie de medidas cautelares para impedir que se lleve a efecto la expropiación.

Los inversores alegan que las autoridades albanesas han dificultado sistemáticamente sus esfuerzos por modernizar y rentabilizar la terminal mediante acusaciones de incumplimiento contra la joint venture. También afirman que la decisión del gobierno albanés de desviar el transporte y el comercio del petróleo a otros puertos con el objeto de transformar el puerto de Durres en una atracción turística constituye un infracción flagrante de la disposición del APRI sobre expropiación y trato justo.

INGLATERRA Y GALES

Victoria de Gales en una demanda contra un contratista británico

Un árbitro único ha dictado laudo favorable al gobierno galés y contrario a la constructora británica Costain Group en relación con un proyecto de 223 millones de libras para la ampliación de una carretera en el sur de Gales. El proyecto tuvo un sobrecoste de 117 millones de libras, del que el tribunal arbitral ha responsabilizado a Costain Group. El arbitraje está regulado por el Procedimiento Arbitral de la Institución de Ingenieros Civiles y por la Ley de Arbitraje de 1996 del Reino Unido.

Estonia

Kosovo se enfrenta a la demanda de una ‘fintech’

LuteCredit, entidad de crédito y de tecnología financiera estonia, ha presentado una demanda ante la CCI contra Kosovo, sembrando sospechas sobre la integridad de la administración pública de Kosovo, a la que acusa de haber incumplido la ley de inversiones extranjeras y de haber llevado a cabo procedimientos de expropiación ilegales. Lutecredit opera en Kosovo desde 2017 a través de su filial LuteCredit Kosovo (LCK). El pasado año, el Banco Nacional de Kosovo anuló la licencia de LCK alegando que las operaciones de la compañía vulneraban los términos de la licencia, en particular en lo que se refería a los tipos de interés cobrados.

RUSIA

Demanda de un banco ruso ante un tribunal de la LCIA

El Commercial Court de Londres ha admitido la solicitud del fondo de inversión Riverrok para que se prohíba a International Bank of St. Petersburg (IBSP) seguir adelante con los procedimientos mantenidos en San Petersburgo y resuelva que la controversia debe dirimirse en un arbitraje de la LCIA.

El conflicto surgió en relación con nueve contratos de venta de valores suscritos por IBSP y Riverrok, por valor de 15 millones de USD cada uno. Los citados contratos, por los que Riverrok vendía valores a IBSP emitidos por UBS, contenían una convenio de arbitraje y estaban sometidos a la legislación inglesa.

En 2018, el Banco Central de Rusia revocó la licencia de IBSP, lo que provocó la insolvencia de la entidad. Riverrok, por su parte, determinó que se había producido un incumplimiento y UBS informó a IBSP de la transferencia de los créditos correspondientes a su sucursal de Londres.

En este contexto, IBSP presentó una demanda contra Riverrock ante la Corte de Arbitraje de San Petersburgo alegando que los contratos estaban diseñados para perjudicar a los acreedores y reclamando el reintegro de todos los importes pagados a Riverrok, estimados en 140 millones de USD.

Riverrock, a su vez, presentó una acción antiproceso ante el Commercial Court de Londres, afirmando que la demanda de IBSP en San Petersburgo incumplía el convenio de arbitraje establecido en los contratos.

UCRANIA

Ucrania pierde un arbitraje sobre satélites contra un contratista canadiense 

En 2010, Ukrkosmos, la agencia aeroespacial ucraniana, adjudicó a la empresa de tecnología espacial canadiense Macdonald Dettwiler and Associates (MDA) un contrato de 254 millones para la construcción y el lanzamiento del primer satélite geoestacionario de Ucrania, así como la construcción de las infraestructuras necesarias para el lanzamiento y mantenimiento del satélite.

En 2014, la MDA decidió suspender las obras de construcción alegando fuerza mayor por la anexión por Rusia de la península de Crimea, donde se estaban llevando a cabo las obras. Al no poder seguir con la construcción, la MDA se retiró del proyecto.

En 2018, Ukrkosmos presentó una demanda ante la CNUDMI contra la constructora canadiense impugnando la excepción de fuerza mayor y solicitando la devolución de 227 millones de USD.

En una reciente resolución, el tribunal de la CNUDMI con sede en Londres desestimó la demanda y condenó a Ukrkosmos al pago de todas las costas arbitrales basándose en que la investigación llevada a cabo por la Oficina Anticorrupción de Ucrania había destapado un plan corrupto, encabezado por el director ucraniano del proyecto, diseñado para apropiarse indebidamente de los fondos para la construcción procedentes de un préstamo concedido por la agencia de créditos a la exportación canadiense.