Newsletter Arbitraje Internacional - Octubre 2020 | Panorama Regional: Oriente Medio y África

ANGOLA

Controversia relacionada con una central eléctrica en Angola

General Electric (GE)  ha presentado dos demandas ante la CCI contra Aenergy, empresa eléctrica angoleña. La compañía africana acusó a GE de convencer a las autoridades angoleñas para que pusieran fin al contrato de construcción de centrales eléctricas. 

El objeto de la controversia es una concesión de 1.100 millones de USD otorgada por Angola a Aenergy para la construcción, explotación y mantenimiento de varias centrales eléctricas propiedad del estado. Para cumplir sus obligaciones, Aenergy suscribió un contrato con GE por el que acordó la compra de equipamiento industrial para su instalación en las centrales.  

En 2019, el gobierno angoleño decidió resolver el contrato y Aenergy inició una acción judicial contra GE y Angola y también una demanda ante la LCIA en Nueva York. Aenergy  reclama una indemnización de carácter punitivo por importe de 550 millones de USD por la resolución unilateral que, según Aenergy, fue provocada en parte por GE.

Angola ha respondido defendiendo su inmunidad al amparo de una ley de inmunidad extranjera, mientras que GE ha rechazado las alegaciones de Aenergy y afirma que Nueva York no es el foro apropiado.  

Irán

Ratificado un laudo provisional contra Irán

La emiratí Crescent Petroleum recibió un laudo provisional favorable contra National Iranian Oil Company (NIOC) en una controversia de 18.600 millones de USD por la terminación de un contrato para el suministro de gas que se había suscrito en 2001.

De acuerdo con los términos del contrato, NIOC acordó suministrar gas a la ciudad de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) durante 25 años. Estaba previsto que el suministro comenzara en 2005 pero NIOC aún no ha cumplido el contrato.

En consecuencia, Crescent inició una serie de arbitrajes para obtener resarcimiento por los daños causados por el incumplimiento. En los dos primeros arbitrajes de la CNUDMI se confirmó la validez de la resolución del contrato por Crescent y su derecho a recibir indemnización. En el último arbitraje ante la CNUDMI, el tribunal, con sede en Ginebra, ha ratificado este fallo después de que NIOC impugnara el laudo alegando vulneración de su derecho a ser oído. 

Ahora el tribunal tiene que resolver sobre si existe responsabilidad por parte de NIOC y si Crescent tiene efectivamente derecho a una indemnización de daños respecto de todo el plazo del contrato.

GAMBIA

Acuerdo transaccional en relación con dos bloques de petróleo marítimos en Gambia

PetroNor E&P Ltd. (PetroNor), empresa petrolera noruega, y el gobierno de Gambia han llegado a un acuerdo por el que se pone fin a una demanda CIADI relativa a las licencias de explotación de dos bloques de petróleo en las costas de Gambia. 

De conformidad con el acuerdo, se restituye a favor de PetroNor la licencia de uno de los bloques de petróleo junto con un arrendamiento a 30 años para su perforación, a cambio de renunciar a demandar en relación con el otro bloque, que fue previamente adjudicado a British Petroleum. 

Con este acuerdo se pone fin a las tres demandas presentadas ante el CIADI por African Petroleum, recientemente adquirida por PetroNor, contra las autoridades de Gambia, que habían rehusado renovar las licencias de perforación alegando el incumplimiento por la compañía de los términos de las licencias que le obligaban a perforar un pozo de exploración.

TANZANIA

Tanzania se enfrenta a la demanda de una empresa minera australiana

Indiana Resources, empresa minera australiana, ha anunciado que dos de sus filiales británicas, Ntaka Nickel Holdings y Nachingwea, y su filial tanzana habían presentado una demanda ante el CIADI por 95 millones de USD contra el gobierno tanzano por la expropiación de un proyecto de níquel tras la revocación de varias licencias mineras. 

La minera australiana afirma que le fue concedida una licencia para operar en el proyecto de níquel en Tanzania, que estaba gestionado por  una joint venture formada por sus dos filiales británicas y un fondo de capital riesgo. En enero de 2018, Tanzania promulgó el Reglamento Minero (Derechos Mineros) por el que se anulaban las licencias emitidas y se transferían los derechos correspondientes a las mismas al gobierno. En diciembre de 2019, la Comisión Minera de Tanzania convocó una licitación para el desarrollo conjunto de la zona cubierta por la licencia anulada. La licitación establecía la condición de que el adjudicatario debía indemnizar al titular de la licencia anulada sus costes de exploración. Pero un día después la Comisión Minera de Tanzania eliminó dicha condición.

La demanda del CIADI se ha presentado bajo el APRI entre el Reino Unido y Tanzania, puesto que Indiana Resources sostiene que el gobierno tanzano incumplió el principio de trato justo y equitativo del acuerdo y su obligación de no nacionalizar las inversiones de la compañía sin pagar una indemnización. 

Otras empresas como la canadiense Winshear Gold y la chilena Montero Mining and Exploration también han anunciado su intención de demandar a Tanzania a causa de las mismas reformas legislativas.