Newsletter Arbitraje Internacional - Septiembre 2019 | Panorama regional: Asia Pacífico

Australia

La española Duro Felguera busca ejecutar dos laudos contra Samsung en Australia

La constructora española Duro Felguera ha ejercitado ante el Tribunal Federal de Australia acción de ejecución de dos laudos contra la división de construcción de la surcoreana Samsung C&T en una controversia de mil millones de dólares por los trabajos relacionados con un proyecto minero.

Un tribunal de la CNUDMI con sede en Singapur dictó un laudo parcial y un laudo definitivo este mismo año en un procedimiento administrado por el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, en una controversia relacionada con un contrato de 7.000.000.000 $ para el proyecto de extracción de mineral de hierro en Roy Hill, ferroviario y portuario en la región de Pilbara al oeste de Australia. En un principio, Duro formaba parte de una empresa conjunta con el Grupo Forge australiano, que suscribió una subcontrata con Samsung para el desarrollo de trabajo relacionado con Roy Hill, incluido el suministro de equipo de procesado y el diseño de un sistema de manejo de graneles.  

Después de que Forge entrara en concurso de acreedores, Samsung suscribió una subcontrata provisional con Duro para el resto de los trabajos. Samsung inició el arbitraje en 2016, en el que reclamaba cerca de 900.000.000 $ y Duro, en reconvención, reclamaba unos 220.000.000 $, incluidos pagos retenidos por Samsung después de una ejecución de avales.

El tribunal dictó dos laudos, ninguno de los cuales se ha hecho público, en los que supuestamente se condena a Samsung al pago de 94.000.000$.

Un operador de casinos australiano impugna un laudo de Camboya

El operador de casinos australiano Donaco International ha anunciado que va a impugnar la decisión de un árbitro único del Centro Nacional de Arbitraje Comercial de Camboya en Phnom Penh, por la que se ratifica la extinción por sus socios tailandeses, Lee Hoe Property (LHP), del arrendamiento a 50 años del terreno de un casino.

El objeto de la controversia es el Star Vegas Resort & Club en la ciudad de Popiet, al oeste de Camboya. Donaco compró el casino por 360.000.000 $ en 2015 a LHP, que conservó la propiedad del terreno en que se encuentra el casino, pero lo cedió en arrendamiento durante 50 años a la filial camboyana de Donaco. Donaco también recibió un préstamo de 100.000.000 $ del Mega Bank de Taiwan, que fue garantizado con el arrendamiento.

Las partes rompieron a finales de 2017, acusando Donaco a sus socios de incumplir la cláusula de no competencia al desarrollar sus propias actividades de juego cerca de Star Vegas. Donaco presentó la demanda ante el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur.

El árbitro único del Centro Nacional de Arbitraje Comercial en Phnom Penh determinó la validez de la extinción. Donaco ha declarado que ya ha presentado un recurso ante la Corte de Apelaciones de Phnom Penh contra “determinados aspectos procesales del arbitraje” y afirma que va a interponer un recurso contra el propio laudo. Donaco ha dicho que si efectivamente el arrendamiento se extingue, reclamará una indemnización de 33.000.000 $ por las construcciones e instalaciones existentes en el terreno.

China

China proyecta admitir las instituciones de arbitraje extranjeras registradas en la Zona de Libre Comercio

El 26 de agosto de 2019, el Consejo de Estado de la RPC publicó un Plan General para el Área de Lingan de la Zona de Libre Comercio Piloto de China (Shanghai), que amplía el territorio de la Zona de Libre Comercio (ZLC) de Shanghai al área de Lingang. El Plan General también apoya el establecimiento de instituciones judiciales para las controversias comerciales internacionales en el Área de Lingang, Shanghai. Después de registrarse y darse de alta en los organismos competentes, las instituciones arbitrales extranjeras reconocidas pueden establecerse en el Área de Lingang, después de lo cual los litigantes chinos y extranjeros pueden elegir el Área de Lingang como lugar de arbitraje.

Anteriormente, las instituciones arbitrales extranjeras podían establecer oficina de representación pero no celebrar arbitrajes. Gracias al Plan General, está permitido arbitrar controversias comerciales en el ámbito de los negocios internacionales, los asuntos marítimos y las inversiones. No obstante, el Plan General establece directrices generales sobre esta reforma, estando pendientes los reglamentos detallados de desarrollo.

Una controversia minera entre EEUU y China puede acabar en la CCI

La empresa minera especializada en molibdeno con sede en Colorado General Moly (GMO), ha declarado que ha puesto en manos de abogados externos la controversia que mantiene con su mayor accionista, Amer International Group, de China, por el supuesto incumplimiento de un contrato para la compra de valores de inversión, que puede acabar en un arbitraje de la CCI en Hong Kong.

Según GMO, Amer habría incumplido el contrato al no comprar 20 millones de acciones de GMO por un precio de 10.000.000 $, cuya obligación de compra resultó de la recepción por GMO de permisos hidráulicos de las autoridades de Nevada.

GMO declaró en julio que Amer había manifestado su intención de resolver el contrato por supuestos efectos adversos materiales no subsanados y supuestos incumplimientos por la compañía estadounidense. Entre ellos citó la inestabilidad en las relaciones entre Estados Unidos y China, el retraso en la obtención de permisos ambientales y problemas de solvencia. La compañía estadounidense considera tales aseveraciones “inexactas y carentes de todo fundamento”.

India

Río Tinto presenta una demanda de arbitraje contra la india Liberty House en relación con una disputa sobre una planta de aluminio

El grupo minero angloaustraliano Rio Tinto ha presentado una demanda de arbitraje ante la CCI contra Liberty House, del millonario indio Sanjeev Gupta, en la que reclama el pago de 50.000.000 $ por los ajustes posteriores al cierre de la venta de la planta de aluminio de Dunkerque, en la coste norte de Francia.

El grupo metalúrgico Liberty House, que pertenece al grupo de la familia Gupta GFG Alliance, adquirió la planta a Río Tinto en una operación de 500.000.000 $ que se cerró en diciembre del pasado año. La operación se financió en parte mediante un préstamo de 350.000.000 $ concedido por un sindicato de prestamistas que incluía a Bank of America Merill Lynch y a la empresa dedicada al comercio de materias primas Trafigura.

GFG pretende que la planta, con una plantilla de 570 trabajadores, sea el centro de una cadena de suministro de fabricación en Francia, en particular para materiales del sector de la automoción. Según GFG, la planta produce 285.000 toneladas de aluminio anuales.

La controversia se deriva del cálculo de los pagos ajustables después del cierre de la operación, en relación con lo cual Rio Tinto afirma que se le adeudan 50.000.000 $.

Estimada la ejecución judicial de un laudo del SIAC a favor de Glencore

El 9 de agosto, el Tribunal Superior de Delhi estimó la acción ejercitada por Glencore, empresa británico-suiza dedicada a la compraventa de materias primas, para la ejecución del laudo dictado contra la empresa de Chennai Indian Potash Limited (IPL), entre cuyos socios hay varias cooperativas agrícolas del estado indio, en relación con un contrato para el suministro de mineral de hierro, en un procedimiento abreviado por un solo árbitro en Singapur, conforme al convenio arbitral que contemplaba una institución de arbitraje inexistente.

En un contrato suscrito en 2010, IPL acordó entregar 40.000 toneladas métricas húmedas de mineral de hierro a Glencore con la condición de que el mineral tuviera un contenido de hierro de al menos el 61%, en caso contrario Glencore tendría derecho a rechazar los envíos. El contrato también incluye una cláusula arbitral que cita Singapur como sede, pero menciona erróneamente «el Reglamento de Arbitraje Internacional de las Cámaras de Comercio de Singapur».

Poco después, Glencore suscribió un contrato de venta con la compañía china Hebei Tianxhu & Steel junto con un acuerdo sobre el mismo contenido mínimo de hierro. Cuando se envió el cargamento dos semanas después, se determinó que el contenido de hierro era del 60,4% y cuando llegó al puerto de descarga, un mes después, del 57,7%. Glencore emitió una notificación de rechazo del cargamento por el contenido indebido de hierro y modificó el contrato con Hebei para reducir el precio por el menor contenido de hierro.

A solicitud de Glencore, el SIAC aplicó un procedimiento abreviado en la audiencia celebrada a principios de 2012. Previamente, en 2011, se habían presentado los escritos de alegaciones. En 2012 se dictó laudo firme y el laudo sobre las costas tres años más tarde.

El juez del Tribunal Superior de Delhi desestimó las cuatro objeciones planteadas por IPL, incluida la que negaba la aplicabilidad al caso del reglamento del SIAC. El juez afirmó que el árbitro había entendido la verdadera intención de las partes de someterse al SIAC según la cláusula de arbitraje, lo que era razonable y no causaba ningún perjuicio a IPL.

Pakistán

Pakistán se enfrenta a un intento de ejecución de un laudo del CIADI de 6.000.000.000 $ en Washington D.C.

La empresa conjunta minera australiana Tethyan Copper Company (TCC), constituida por la chilena Antofagasta y la canadiense Barrick Gold, ha interpuesto una acción de ejecución ante el Tribunal de Distrito de Columbia con respecto al laudo dictado por el CIADI en el que se condena a Pakistán a indemnizar a la empresa conjunta por denegarle un arrendamiento para la explotación de un valioso yacimiento de cobre y oro.

La controversia se refiere a un contrato que TCC suscribió con Balochsitan en 2006 para el desarrollo de Reko Diq basándose en las garantías otorgadas por los gobiernos federal y provincial, después de lo cual fue expulsado del proyecto.

El tribunal del CIADI ha condenado a Pakistán al pago de una indemnización de más 4.000.000.000 $  a TCC más intereses previos al laudo de 1.700.000.000 $, declarando que Pakistán denegó ilícitamente un arrendamiento a TCC para la explotación de yacimientos de cobre y oro en la mina de Reko Diq, y que el estado realizó una expropiación ilegal según el tratado bilateral de inversión entre Australia y Pakistán.