Newsletter Arbitraje Internacional - Septiembre 2019 | Panorama regional: El continente americano

BOLIVIA

Bolivia y la canadiense TriMetals Mining alcanzan un acuerdo transaccional en un arbitraje de inversión relacionado en un proyecto minero

La empresa minera canadiense TriMetals Mining y sus filiales íntegramente participadas Minera Malku Khota y South American Silver han llegado a un acuerdo con Bolivia con respecto al cumplimiento de una sentencia condenatoria de Bolivia por la nacionalización de una mina de plata.

La controversia se dirimió por un tribunal de la CNUDMI, que dictó la sentencia según la cual Bolivia incumplió las normas sobre expropiación establecidas en el APRI entre el Reino Unido y Bolivia al nacionalizar la mina de plata de Malku Khota en 2012 sin pagar la correspondiente indemnización.

Según el acuerdo transaccional, Bolivia pagará a las compañías TriMetals una cantidad aproximada de 25.800.000 $ y el estado recibirá los datos de exploración del proyecto de la mina de plata propiedad de dichas entidades. La cifra acordada supone un descuento sobre el importe íntegro de la sentencia arbitral.

Brasil

El Estado de Sao Paulo emite un proyecto de ley sobre los arbitrajes contra organismos públicos

El 1 de agosto de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sao Paulo el Decreto 64.356 de 31 de julio de 2019 referente al arbitraje como medio de resolución de disputas contra la administración pública del Estado de Sao Paulo y sus organismos.

El decreto prevé que el arbitraje sea preferiblemente institucional aunque en ciertas circunstancias podría ser ad hoc. También, como norma general, debe constituirse un tribunal arbitral integrado por tres árbitros.

El decreto también establece que los convenios arbitrales deberán fijar la ciudad de Sao Paulo como lugar del arbitraje, la ley brasileña como ley aplicable, el portugués como idioma del procedimiento y los juzgados y tribunales de Sao Paulo como órganos jurisdiccionales de apoyo.

Cabe destacar, entre otros, los siguientes aspectos controvertidos del Decreto: (i) la obligación de la parte solicitante del arbitraje de anticipar todas las costas del procedimiento y, (ii)  la no aplicación del principio de ”la parte que pierde paga las costas”.

COLOMBIA

Colombia pierde el primer arbitraje de inversión en una disputa sobre cánones mineros

Un tribunal del CIADI ha condenado a Colombia a reembolsar la multa de 19.000.000 $ que impuso a la empresa suiza dedicada a la compraventa de materias primas Glencore y a su filial local Prodeco en una controversia relacionada con una modificación contractual.

El tribunal resolvió que la multa contra la filial local de Glencore, Prodeco, constituía, por la forma en que se había calculado, una “medida irrazonable”, que incumplía el principio de trato justo y equitativo del tratado bilateral de inversión entre Suiza y Colombia. Colombia ha sido condenada a reembolsar la multa con intereses.

Se considera que es el primer laudo de un arbitraje de inversión contrario al estado. 

Colombia también ha sido condenada a pagar más de 2.000.000 $ en concepto de gastos legales y costas arbitrales de Glencore. También fue condenada al pago de intereses sobre la indemnización de daños y las costas. 

MÉXICO

México resuelve varios arbitrajes relacionados con gasoductos

México ha alcanzado acuerdos con tres operadores de gasoductos de gas natural con los que espera ahorrar al estado 4.500.000.000 $ y poner fin a varios arbitrajes que se encontraban pendientes por el coste del transporte de gas natural para la generación de electricidad y que habían sido iniciados por una empresa estatal.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el responsable de la estatal Federal Electricty Commission (CFE) han anunciado que han llegado a un acuerdo con los tres operadores Ienova, filial de la californiana Sempra Energy,  la canadiense TC Energy (anteriormente TransCanada); y el mexicano Grupo Carso, participado mayoritariamente por el billonario mexicano Carlos Slim. Siguen en curso las negociaciones con otro operador de gasoductos, el mexicano Fermaca.

CFE inició los procedimientos arbitrales contra las cuatro compañías para que modificaran las condiciones contractuales relacionadas con siete gasoductos, que calificó de “exorbitantes e injustas". La empresa estatal intentó eliminar de los contratos las cláusulas de fuerza mayor y los gastos de capacidad fija.

CARIBE

El aeropuerto de la isla de San Martín consigue que la aseguradora le indemnice los daños causados por el huracán Irma

Un tribunal de la CNUDMI ha otorgado un pago de 72.000.000 $ en una demanda contra el grupo asegurador caribeño Nagico, presentada por el operador del aeropuerto internacional Princess Juliana, de San Martín, que sufrió daños como consecuencia del huracán Irma.

El tribunal ha estimado una demanda principal, sin incluir intereses, de más de 71.800.000 $, incluidos los 58 millones que fueron anticipados por Nagico a PJIA.

La controversia se dirimió en un procedimiento ad hoc con sede en San Martín, de conformidad con la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional y el reglamento de la CNUDMI.

VENEZUELA

Un inversor en tabaco uruguayo presenta una demanda contra Venezuela

Venezuela se enfrenta a una nueva demanda ante el CIADI presentada por el inversor en tabaco uruguayo Gustavo Maeso Lando al amparo del tratado bilateral de inversión entre Uruguay y Venezuela, por la incautación de sus envíos de cigarrillos y la revocación de su permiso por las autoridades locales.

La controversia está relacionada con las supuestas incautaciones en 2007 de envíos de cigarrillos que la empresa venezolana de Maeso, Racing Tobacco, había importado desde Uruguay a un puerto de la venezolana Isla Margarita, en el mar Caribe. 

Las autoridades venezolanas confiscaron los contenedores alegando que Racing Tobacco había infringido la ley que prohíbe la venta de cigarrillos importados a un precio inferior a los producidos internamente. Las autoridades también revocaron el permiso de importación y venta de Racing Tobacco.

Maeso alega que funcionarios corruptos venezolanos le permitieron deliberadamente iniciar su actividad antes de interceptar los envíos bajo acusaciones de contrabando con el fin de estafarlo.