Newsletter Arbitraje Internacional - Septiembre 2021 | Panorama Regional: Oriente Medio y África

EGIPTO

La Corte de Casación determina que las disputas relativas a contratos de concesión no son arbitrables

La Corte de Casación de Egipto ha decidido anular un laudo de la CCI de 490 millones de USD favorable al consorcio kuwaití Damietta International Ports Company (DIPCO) y contrario a la Autoridad Portuaria de Damietta (APD), agencia dependiente del Ministerio de Transportes egipcio. El caso está relacionado con un contrato de concesión por el que se autorizaba a DIPCO a operar el puerto egipcio de Damietta durante 40 años. Egipto canceló la concesión en 2015 alegando retrasos en la operación del puerto. DIPCO reclamó indemnización de daños por la cancelación improcedente de su concesión y presentó demanda de arbitraje ante la CCI. El tribunal dictó laudo favorable a DIPCO, condenando a la APD a pagarle 490 millones de USD.

La DPA solicitó la anulación del laudo ante la Corte de Apelación de El Cairo, basándose en el argumento de que la legislación egipcia impedía que las controversias derivadas de los contratos de concesión estatales se sometieran a arbitraje. La Corte de Apelación de El Cairo desestimó las pretensiones de la APD, afirmando que el contrato de concesión portuaria tenía la consideración de contrato de derecho privado y, por lo tanto, estaba sujeto a arbitraje conforme a la legislación egipcia. Ahora, la Corte de Casación egipcia ha revocado la decisión del Tribunal de Apelación de El Cairo, sosteniendo que los contratos de concesión estatales son contratos administrativos que no pueden someterse a arbitraje y que son competencia de los tribunales administrativos de Egipto.

Se prevé que esta decisión repercuta en la inversión extranjera en Egipto en general, toda vez que limita la posibilidad de recurrir a arbitraje en el país, en especial en litigios que afectan a contratos de concesión y públicos.

Irán

El Banco Central de Irán demanda a Bahrein

El Banco Central de Irán ha presentado una demanda arbitral contra Bahrein como consecuencia de la pérdida de inversiones debido a las repercusiones del programa nuclear iraní establecido en 2015. Irán alega que las autoridades de Bahrein impidieron a los empleados del Banco Central de Irán retirar sus depósitos de los bancos bahreiníes tras la firma en 2015 del Plan de Acción Integral Conjunto,  poniendo de relieve las relaciones diplomáticas entre Bahrein y el rival geopolítico de Irán en la región, Arabia Saudí. Según Irán, dichas actuaciones incumplen los principios de trato justo y no discriminatorio del APRI entre Irán y Bahrein.

Con anterioridad a esta demanda, los tribunales de Bahrein condenaron a varios bancos iraníes por permitir operaciones financieras ilegales que violaban las sanciones internacionales contra Irán.

Iraq

ExxonMobil presenta una demanda de arbitraje contra Iraq

El gigante petrolero ExxonMobil ha presentado una demanda de arbitraje contra la empresa petrolera estatal de Iraq Asrah Oil Company (BOC), a la que acusa de haber interferido en la venta por su parte del yacimiento petrolífero West Qurna 1 en el sur de Iraq, una de las mayores reservas de petróleo del mundo. ExxonMobil recibió la concesión para explotar el yacimiento en 2010, con una duración de 20 años y el derecho a prorrogar el contrato por otros cinco años.

Este mismo año, ExxonMobil intentó vender un porcentaje de su participación en el yacimiento West Qurna 1 a PetroChina y a China National Offshore Oil Corporation. Esta última vendió su derecho de compra a Pertamina, petrolera estatal de Indonesia.

El Gobierno iraquí se ha opuesto a la operación y el ministro del petróleo del país ha declarado que no aceptarán ninguna sustitución a favor de empresas que no sean estadounidenses y que sustituirán a ExxonMobil por otra empresa americana si la compañía intenta vender sus intereses en el yacimiento petrolífero. Entre tanto, ExxonMobil ha acusado al gobierno iraquí de incumplir el contrato de concesión, cuyos términos y detalles no han transcendido.

Costa de Marfil

Una empresa nigeriana intenta impedir la ejecución de un laudo de la CCI

MRS Holding,  empresa dedicada al comercio del petróleo, ha solicitado orden judicial ante el Tribunal Superior Federal de Lagos contra la empresa petrolera estatal de Costa de Marfil, Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire (Petroci), para impedir la ejecución de un laudo de 11 millones de USD dictado por la CCI en París.

La controversia está relacionada con un contrato entre MRS y Petroci para la adquisición y explotación conjuntas de las instalaciones de Chevron en el este y oeste de África. Para la gestión de estas actividades, ambas compañías constituyeron en 2008 una empresa en participación denominada Corlay Global. Petroci alega que el acuerdo de constitución de la empresa en participación le confería el derecho a designar a la mitad de los miembros del consejo de administración de Corlay Global y reclamó indemnización de daños y perjuicios a MRS por incumplimiento del contrato relacionado con la apropiación indebida de activos de Corlay. El tribunal arbitral resolvió que cada una de las compañías tenía derecho a nombrar a la mitad de los miembros del consejo de administración y determinó el pago de indemnización de daños y perjuicios a favor de Petroci en una cuantía de 25 millones de USD y de MRS en una cuantía de 34 millones de USD. En una adenda, los tribunales redujeron la indemnización de MRS a 14 millones de USD, alegando error administrativo. MRS ha solicitado la anulación del laudo ante la Corte de Apelación de París, acusando al tribunal arbitral de haber extralimitado sus competencias al modificar la cuantía de la indemnización en la adenda. Además, MRS ha intentado impedir la ejecución del laudo en Nigeria, esgrimiendo la misma alegación de extralimitación de competencias.

Sudáfrica

Un millonario ruso amenaza con demandar a Sudáfrica

Transasia Minerals, sociedad constituida en Sudáfrica y propiedad del millonario ruso  Azam Aslanov, ha amenazado con presentar una demanda de arbitraje contra Sudáfrica conforme al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en 1998 por Rusia y Sudáfrica, acusando al Estado de haber ayudado a un empresario local a defraudar los derechos de explotación minera en el país de Transasia.

En 2011, Transasia adquirió derechos de explotación de dos minas en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal a la compañía Umsobomvu Coal por 930.000 USD. Transasia acusa a Umsobomvu Coal de no haber cedido los derechos de explotación después de recibir el pago correspondiente a los mismos. Transasia alega, además, la implicación de funcionarios sudafricanos en la obstrucción a la cesión de los derechos de explotación. Transasia afirma que estas actuaciones constituyen incumplimiento por el Estado sudafricano de la obligación establecida en el APRI de proteger las inversiones frente a la expropiación.