Newsletter Regulatorio Chile: Julio 2023

1. Licitación de almacenamiento eléctrico. En una norma transitoria del proyecto de ley se faculta a la CNE para licitar almacenamiento de energía eléctrica. Esa infraestructura de generación sería pagada por todos los clientes finales. El Ministerio ha anunciado que ese almacenamiento podría alcanzar una inversión de dos mil millones de dólares.
2. Plan nacional de energía. El proyecto incorpora un plan nacional de energía que corresponde a un procedimiento administrativo nuevo que pretende regular y orientar todas las inversiones futuras en el mercado eléctrico. Ese plan tendría una vigencia de 8 años.
           
   La norma propuesta sustituye la planificación actual, que es esencialmente descriptiva, por un plan normativo, que debe ser sometido a evaluación ambiental estratégica y además debe contener un informe respecto de incidencia en la gestión del cambio climático de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 21.455, Ley Marco de Cambio Climático.
3. Redistribución de ingresos tarifarios. Se establece una norma permanente cuyo detalle el proyecto se lo entrega al reglamento. Según la información que se ha compartido, esa redistribución de ingresos pretendería corregir distorsiones que se producen producto de los desacoples, y pretende beneficiar a las empresas más expuestas a diferencias de precios entre sus inyecciones y retiros.
4. Modificación del principio de acceso abierto a las instalaciones de transmisión. El proyecto permite que el reglamento fije excepciones al acceso abierto.

• Los propietarios de las obras de ampliación serán responsables de llevar a cabo el proceso de licitación y el desarrollo de la obra. El proyecto de ley traspasa del coordinador a las empresas propietarias esas licitaciones.
• Se incorporaría un mecanismo de revisión del valor de la inversión (V.I.) adjudicado que puede ser solicitado fundadamente por el propietario. El proyecto incorpora dos normas, una transitoria y una permanente. En ambas normas permite que las obras de ampliación cuyo contrato haya terminado en forma anticipada, el valor de inversión de la obra pueda ser revisado por la CNE.
• Se habilitaría a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) a realizar obras zonales. El proyecto no materializa la medida anunciada, tan sólo modifica la remuneración de los sistemas zonales, de modo que los clientes libres y los generadores deban concurrir a su financiamiento. Esto podría crear algunos inconvenientes para clientes libres y generadores que hoy no pagan por el uso de estos sistemas.
• Se incorporarían nuevos mecanismos para la realización de obras urgentes. Esto se materializa por la vía de que el Ministerio y la CNE puedan ordenar al propietario de la obra respectiva ejecutar obras de ampliación. Asimismo, se permite incorporar obras nuevas de transmisión. En ambos casos, se fija un procedimiento con plazos muy breves, y donde el coordinador debe emitir un informe, pero no es necesario que sea favorable, de modo que la decisión recae en el Ministerio de Energía
• Se incorporaría un principio en la coordinación de la operación del sistema eléctrico que promueva la adecuación tecnológica. Se agrega que el coordinador deberá “propender a una operación del sistema eléctrico bajo en emisiones de gases de efecto invernadero”.  
• Finalmente, como ya se había anunciado, se elimina la prohibición establecida en el artículo 7 de la Ley Eléctrica que impedía a las empresas transmisoras participar en el mercado de la generación eléctrica. La norma propuesta permite que el Tribunal de la Libre Competencia establezca porcentajes máximos de participación en el mercado de la transmisión.

1. Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). EL SBAP es concebido como órgano funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Ministerio del Medio Ambiente, misma naturaleza que detentan hoy el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Su objeto es la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.
         
   Dentro de sus funciones y atribuciones, destacan las de ejecutar las políticas, planes y programas dictados en conformidad a la letra i) del artículo 70 de la Ley N°19.300, así como la de pronunciarse sobre los impactos de los proyectos o actividades sobre la biodiversidad, incluyendo las condiciones o medidas para mitigar, restaurar o compensar esos impactos, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. 
2. Instrumentos de Conservación de la Biodiversidad en todo el territorio nacional. Una de las novedades más interesantes del proyecto tiene relación con los instrumentos para la conservación de ecosistemas, los que comprenden, entre otros: el sistema de información de la biodiversidad, identificación de sitios prioritarios para la biodiversidad, los planes de manejo para la conservación de los ecosistemas amenazados, medidas de compensación y protección de humedales.
3. Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Actualmente las áreas protegidas se encuentran dispersas en cinco ministerios distintos: Agricultura, Economía, Cultura, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. El SNAP busca enfrentar esta dispersión y establecer una regulación única y sistemática sobre todas las áreas protegidas existentes en Chile, tanto marinas como terrestres, públicas o privadas.
       
   El SNAP comprenderá las siguientes categorías de protección: Reserva de Región Virgen; Parque Marino; Parque Nacional; Monumento Natural; Reserva Marina; Reserva Nacional; Santuario de la Naturaleza; Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos; Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar y Área de Conservación de Pueblos Indígenas.
         
   Las categorías con protección más estricta (Reservas de Región Virgen, Parques Nacionales y Monumentos Naturales) quedarán vedadas de toda explotación de recursos naturales con fines comerciales, mientras que en las demás se permitirá el desarrollo de actividades sustentables, siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que provea el área.
          
   En cuanto a la creación de áreas protegidas, el proyecto entrega dicha facultad al Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo a un procedimiento que deberá determinarse por reglamento. Asimismo, dispone que la modificación o desafectación de un área protegida será excepcional y no podrá significar un detrimento significativo a los objetivos del sistema.
          
   El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tendrá a su cargo la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como también de la administración de las unidades de áreas protegidas del Estado.
         
   Las áreas protegidas privadas, que forman parte del sistema, seguirán las mismas reglas que las áreas protegidas del Estado en cuanto a las categorías, procedimiento de creación, modificación y desafectación (con excepción del pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad) y la necesidad de contar con un plan de manejo. Su creación se efectuará a solicitud del propietario y su administración no recaerá en el Servicio, sino en el propietario o en organizaciones sin fines de lucro que tengan una acreditada capacidad técnica para la administración y el manejo adecuado del área, aunque el servicio cumplirá un rol de supervisión y también de apoyo técnico
4. Sistema de Concesiones y Permisos para Áreas Protegidas del Estado. El Proyecto crea un sistema único de concesiones para áreas protegidas del Estado. En virtud de este sistema, se permitirá la concesión únicamente cuando se persigan objetivos relacionados con el desarrollo del ecoturismo, la investigación científica o la educación. Estas concesiones podrán ser otorgadas a través de procedimientos de licitación pública o privada, o de manera directa en casos específicos en los que estén destinadas a la investigación científica o a la educación y sean de carácter gratuito. No obstante, en el caso de proyectos de ecoturismo, será requisito indispensable que pasen por un proceso de licitación.
5. Procedimientos de Fiscalización y Sanciones. Las facultades de fiscalización y sanción recaen en el SBAP.
         
   Respecto a las infracciones, el proyecto contempla un amplio catálogo de infracciones que abarca no solo actos realizados dentro de áreas protegidas, sino también fuera de ellas, como la extracción de tierra de hojas, capturar, herir o dar muerte a ejemplares de fauna nativa, destruir nidos, etc.
           
   Asimismo, señala que las infracciones prescribirán a los tres años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos por los hechos constitutivos de las mismas.
           
   Por otro lado, establece un régimen de responsabilidad solidaria, para aquellos casos en que se constate la participación de más de una persona en una infracción y no fuese posible determinar el grado de participación específico.

1. Incentivo al almacenamiento o a las energías renovables no variables
          
   Se establece descuento, que opera como incentivo, a las ofertas en Bloques Horarios A o C (no solares) que estén respaldadas parcial o totalmente por proyectos de almacenamiento o de generación con energías renovables no variables. El descuento corresponde a 0,15 US$/MWh por cada GWh de energía generable por dichos medios en el respectivo Bloque Horario.
2. Licitaciones por bloques zonales
        
   Las bases separan los bloques licitados en tres bloques zonales, centro, norte y sur, asignando cada uno de ellos a los diversos requerimientos de energía de las empresas licitadas, según su ubicación geográfica.
3. Traslado de los pagos laterales al precio
            
   Bajo los contratos vigentes, el generador debía estimar los pagos laterales e incorporarlo en el precio. Por pagos laterales entendemos los pagos por servicios complementarios, pago de centrales a mínimo técnico y otros pagos asociados a los retiros. Las nuevas bases incorporan un cargo variable que, adicionado al precio adjudicado, debe ser pagado por las empresas distribuidoras.

1) Modificación al reglamento de coordinación para permitir el arbitraje de energía por parte de los operadores de unidades de almacenamiento.

2) Una nueva versión del reglamento de transferencias de potencia con el objeto de incentivar al almacenamiento. La nueva versión se somete a un proceso de consulta pública.

3) Cambios en la regulación de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) en lo relativo a su operación y el reconocimiento de potencia para los PMGD térmicos.

1) Impulso de la industria y retribución social. Búsqueda de incentivos y mecanismos para el despliegue de la industria.

2) Infraestructura habilitante. Promover infraestructura para el desarrollo de la industria de hidrógeno verde.

3) Carbono neutralidad y ‘off-takers’ nacionales. Revisar el rol de la minería y otras industrias nacionales en la demanda del H2V y que permita avanzar en la meta de descarbonización.