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Newsletter Derecho Europeo y de la Competencia Portugal
La transposición de la Directiva ECN + permitirá a la Autoridad de Competencia acceder a smartphones, tabletas o servidores cloud
La Directiva 2019/01/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, más conocida como la Directiva ECN +, tiene por objeto dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia, y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.
Entre otras cosas, la Directiva establece no sólo la obligación de las Autoridades de Competencia de cumplir los “principios generales del Derecho de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” sino también la necesidad de garantizar la independencia de sus actuaciones.
Los Estados miembro, por tanto, deben velar por la existencia de las condiciones necesarias para que las Autoridades puedan llevar a cabo sus actividades de inspección, y definir hasta qué punto es posible perseguir esos objetivos.
En Portugal, el proyecto de ley de transposición de la Directiva ha sido sometido a consulta pública. Cabe señalar la posibilidad de que la Autoridad de Competencia examine, verifique, recopile y haga copias de todo tipo de información o datos, cualquiera que sea su formato, impreso o electrónico. Por tanto, a partir de ahora podría acceder a todo tipo de dispositivos electrónicos, por ejemplo, smartphones, tabletas y servidores cloud para obtener información sobre la empresa investigada.
El proyecto de ley también deja abierta la posibilidad de exigir responsabilidades a las sociedades matrices por infracciones de las normas sobre competencia cometidas por sus filiales. Dicha posibilidad sería resultado de la aplicación del concepto de empresa utilizado en la jurisprudencia del Tribunal.
A tenor de lo dispuesto en la Directiva, los Estados miembro deberán proceder a su transposición antes del 4 de febrero de 2021; en caso contrario, la Comisión Europea podría abrir un procedimiento formal de infracción.
Compromiso de Ursula von der Leyen de aprobar la Ley de Servicios Digitales
No es ningún secreto que la política digital de la Unión Europea no está aún a la altura de la de los grandes operadores digitales mundiales. La Comisión Europea cree que la integración implica promover el talento y formar a los ciudadanos europeos, al objeto hacer posible la innovación y la competencia en el mercado digital.
En la actualidad, el control del mercado digital está en manos de plataformas con un significativo poder de mercado, los denominados gigantes de la tecnología, a saber, Microsoft, Apple, Google, Facebook y Amazon, cuya importancia económica les permite ejercer una enorme influencia en el mercado. La UE ha adoptado una posición activa en la lucha contra presuntas prácticas abusivas por parte de las citadas empresas.
Con la Ley de Servicios Digitales la Comisión Europea pretende no sólo combatir las prácticas abusivas de los gigantes tecnológicos, sino también garantizar la competencia leal. Para reforzar la posición de la UE como potencia digital, es esencial que las startups europeas tengan la oportunidad de acceder al mercado sin ser anuladas por plataformas con un poder significativo de mercado.
Desde el punto de vista de la competencia, cabe plantearse si el actual marco jurídico en materia de Derecho de la Competencia garantiza un nivel adecuado de protección en el mercado digital. Un estudio realizado por la Comisión Europea subraya la necesidad de adaptar la normativa vigente a las características de dicho mercado (haga clic aquí).
Por tanto, todo apunta a que cuestiones como la definición de los mercados de referencia, sujetos a constantes cambios, la interdependencia de las plataformas o el cálculo del poder de mercado tendrán carácter prioritario en el programa de trabajo de las Autoridades de Competencia y la Comisión Europea en los próximos años.
Por contraste, también es probable que se produzca un apasionado debate sobre el nivel correcto de participación de la Comisión y las Autoridades de Competencia de los Estados miembro, que podrían intervenir indebidamente en el mercado digital, creando obstáculos que impedirían el pleno desarrollo de servicios útiles para los consumidores. Al fin y al cabo, es difícil encontrar a alguien que defienda la idea de que empresas como Amazon, Google, Apple, Facebook y Microsoft no deben contribuir diariamente a mejorar la forma en que interactuamos en el mercado.