Se suspende de nuevo la causa de disolución por pérdidas provocadas por la Dana
Esta suspensión se regula en el real decreto-ley que viene a sustituir al Real Decreto-ley 9/2024, derogado mediante acuerdo del pasado 22 de enero de 2024.
En el BOE de 24 de diciembre de 2024 se publicaron el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y el Real Decreto-ley 10/2024, de 23 de diciembre, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025 (sus medidas tributarias y mercantiles fueron analizadas en nuestra publicación tributaria de 26 de diciembre de 2024 y en nuestra publicación mercantil de 27 de diciembre de 2024). El 22 de enero de 2025 se acordó derogar estos dos reales decretos-leyes mediante los acuerdos de derogación del Real Decreto-ley 9/2024 y del Real Decreto-ley 10/2024, publicados en el BOE de 23 de enero de 2024.
Ahora, en el BOE de 29 de enero de 2025 se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, que vuelve a introducir algunas de las medidas incluidas en las normas derogadas mediante los referidos acuerdos de 22 de enero de 2025.
En el ámbito mercantil destaca la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocadas por diversos acontecimientos naturales, que puede, además, tener efectos tributarios. Recordemos por ejemplo que, de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Sociedades, no pueden formar parte de los grupos de consolidación fiscal las entidades que, al cierre del periodo impositivo, estén en la causa de disolución del artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), salvo que a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las cuentas anuales dicha situación hubiese sido superada.
En concreto, se establece que las sociedades mercantiles que se hayan visto afectadas por pérdidas derivadas de los efectos causados por la DANA (según el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024) no incluirán el importe de dichas pérdidas a efectos del cálculo de la causa de disolución por pérdidas prevista en el artículo 363.1e) de la LSC, hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026. La norma establece, además, lo siguiente:
- Que en la memoria que acompañe a las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2024 y sucesivos se incorporará la información precisa para la correcta identificación de las pérdidas excluidas de su cómputo a efectos de la causa de disolución.
- Que, si excluidas las pérdidas de los años 2024 y 2025 en los términos señalados, en el resultado del ejercicio 2024, 2025 y 2026 se apreciaran otras pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, se deberá convocar por los administradores o se podrá solicitar por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio, la celebración de Junta para la disolución de la sociedad, salvo que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.
El Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero no amplía la moratoria contable de las pérdidas producidas por el COVID-19 que sí se contemplaba en el derogado Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre.
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