Vuelve el Impuesto catalán sobre los Activos no Productivos

Hace dos años informamos sobre la creación de un nuevo impuesto en Cataluña que gravaba la titularidad, por parte de personas jurídicas y entidades, de activos no incorporados a procesos productivos, y que podía afectar también a entidades residentes fuera del territorio de la comunidad autónoma de Cataluña, además de constituir un precedente que podía ser utilizado por otras comunidades autónomas para crear figuras impositivas similares.

En opinión del legislador, la utilización de este tipo de activos por socios, partícipes o personas vinculadas a estos suponía una práctica elusiva e insolidaria porque conducía a una pérdida de recaudación y a posibles desigualdades entre los contribuyentes.  Por ello, el objeto del impuesto era gravar de manera progresiva estos activos “improductivos” en manos de personas jurídicas, con un fin redistributivo aunque también para incentivar un uso más productivo de los activos (contribuyendo a hacer de este tributo un impuesto eficiente).

Con anterioridad a que este impuesto se pudiera liquidar por primera vez, esto es, en junio de 2017, el presidente del Gobierno interpuso recurso de inconstitucionalidad, lo que originó su suspensión. El pasado mes de noviembre de 2018 el Tribunal Constitucional acordó levantar la mencionada suspensión y, en febrero de 2019, se ha publicado la sentencia que declara la constitucionalidad del tributo.

De forma breve, el tribunal (acogiendo en gran medida las alegaciones formuladas por la Generalitat de Cataluña) señala lo siguiente:

1. En primer lugar, que no hay duplicidad o solapamiento con el Impuesto sobre el Patrimonio (ni siquiera en las entidades sin personalidad jurídica –como las comunidades de bienes-), porque ni coinciden los contribuyentes ni la finalidad de ambos tributos:
    

   - En el Impuesto sobre el Patrimonio los contribuyentes son las personas físicas, mientras que en el Impuesto sobre Activos no Productivos lo son las personas jurídicas o determinadas entidades sin  personalidad jurídica.
    

   - El fin del Impuesto sobre el Patrimonio es gravar la mera propiedad de los bienes; mientras que el Impuesto sobre Activos no Productivos tiene una finalidad más allá de la puramente tributaria, como es incentivar un uso más productivo de determinados bienes.

2. No hay duplicidad con otros tributos de carácter local, como pueden ser el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, porque estos impuestos gravan la capacidad de pago derivada de su titularidad, mientras que el Impuesto de Activos no Productivos únicamente grava estos bienes en la medida en que se mantengan “improductivos” en una persona jurídica.
3. Por último, con respecto a una posible extraterritorialidad del tributo, es decir, sujetar a tributación elementos patrimoniales ubicados fuera de Cataluña, el Tribunal Constitucional señala que no se da al sujetarse únicamente los inmuebles “improductivos” ubicados en Cataluña y los bienes muebles “improductivos”, de los que recoge la norma, titularidad de entidades domiciliadas en esta comunidad autónoma (con domicilio fiscal, según la letrada de la Generalitat de Cataluña), con independencia de donde se encuentren físicamente.

Como consecuencia de todo lo anterior, la entrada en vigor del tributo (que se devenga el 1 de enero de cada año) se entiende producida en 2017.

Ello implica la obligación de los contribuyentes que cumplan con el hecho imponible definido en la norma de autoliquidar el impuesto de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. Para futuros ejercicios, el plazo de presentación se sitúa entre el 1 y el 30 de junio del año posterior al del devengo del impuesto. La presentación se deberá realizar por vía telemática.

Llegados a este punto conviene recordar determinados aspectos del tributo:

1. En cuanto a los activos que pueden ser “improductivos” (y sin perjuicio de la necesidad de analizar cada caso en particular), la norma se refiere a los siguientes:

2. Los activos contenidos en el listado anterior que cabe considerar como “improductivos” son, en primer lugar, aquellos que se encuentran cedidos a propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo, o a personas vinculadas a estos, cuando su uso se destine a fines privados, excepto que dicho uso suponga para el destinatario (cuando no haya contraprestación dineraria) una retribución en especie de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o cuando existiendo contraprestación dineraria, los destinatarios del activo que paguen un precio de mercado por la cesión del bien,  trabajen de forma efectiva en la entidad tenedora del activo y perciban por ello una retribución superior al importe del precio de la cesión que ellos a su vez pagan a la entidad.

3. La base imponible es el valor catastral para los inmuebles y el valor de mercado para el resto de bienes. La tarifa para determinar la cuota íntegra es la del Impuesto sobre el Patrimonio que aplica a las personas físicas en Cataluña, es decir, desde un 0,210% hasta un 2,750%. Sin embargo, en este impuesto no hay mínimo exento ni límite de tributación conjunto renta-patrimonio.
4. Se establece una obligación de comunicación para galerías de arte, anticuarios y joyerías, que deberán informar de las adquisiciones efectuadas por personas jurídicas y entidades.

Finalmente, cabe señalar que la norma no se plantea supuestos que pueden generar muchas dudas a la hora de aplicar el tributo como pueden ser, a título de ejemplo, supuestos de destinatarios de la cesión de bienes “improductivos” diferentes, o de titularidad de bienes y percepción de retribuciones desde entidades distintas, que comportarían según la redacción literal la consideración como “improductivos” de bienes que puedan considerarse como afectos en otros tributos, etc.

En definitiva, como concluíamos hace dos años, un “nuevo” tributo que, además de incrementar la presión contributiva global, genera algunas incertidumbres y puede constituir un antecedente para otras Comunidades Autónomas.