Garrigues Digital_

Garrigues Digital es un grupo multidisciplinar de expertos que acompaña a empresas, fondos y compañías tecnológicas en asuntos donde la tecnología no es un elemento accesorio, sino una parte central del asesoramiento porque:

• El activo principal es digital: software, datos, modelos de IA, plataformas, marketplaces, tokens, contenidos, algoritmos, bases de datos, activos digitales o infraestructura tecnológica.
• La regulación digital condiciona el proyecto, la operación o el conflicto: reglamento de IA, DSA, DMA, DORA, NIS2, eIDAS, Data Act, MiCA, RGPD y demás normativa aplicable a consumo digital, comercio electrónico, publicidad online, servicios financieros digitales, plataformas, marketplaces e intermediarios online.
• El componente tecnológico introduce un riesgo jurídico, operativo o probatorio relevante: ciberseguridad, privacidad, deuda tecnológica, pricing algorítmico, decisiones automatizadas, responsabilidad de intermediarios, titularidad de intangibles, prueba digital o exposición sancionadora.

En estos asuntos integramos equipos jurídicos especializados y, cuando es necesario, capacidades tecnológicas propias para abordar el asunto desde todos los ángulos del Derecho. 

Resolvemos asuntos en los que la tecnología es clave para el negocio:

• Invertir o desinvertir en una compañía de software o tecnología.
• Desplegar sistemas de inteligencia artificial.
• Operar una plataforma digital o un marketplace.
• Adaptar modelos de comercio electrónico, marketplaces y canales de venta online a las exigencias de consumo digital.
• Revisar términos y condiciones, políticas de privacidad, procesos de contratación online y reglas de uso de servicios digitales.
• Defender procedimientos sancionadores con componente digital.
• Responder a un ciberataque o incidente de seguridad.
• Proteger software, datos, algoritmos, bases de datos y secretos empresariales.
• Fiscalidad de activos intangibles.
• Negociar contratos cloud, SaaS, licencias u outsourcing tecnológico.
• Defender litigios por uso no autorizado de software, incumplimientos contractuales tecnológicos o uso no autorizado de activos digitales.
• Diseñar procedimientos de notice and take down y responsabilidad de intermediarios.
• Acompañar proyectos de data centers e infraestructura digital.

Abordamos los asuntos digitales como nuestros clientes, desde la realidad de su negocio y formando equipos capaces de cubrir la condición digital desde todos los ángulos del derecho de los negocios.
En una operación sobre software, datos o IA, no basta con revisar contratos, sino que hay que determinar quién es titular del activo, qué derechos existen sobre el código, los datos, los modelos o los resultados, qué componentes de terceros se han utilizado, qué restricciones impone la regulación, cómo se ha gestionado el ciclo de vida de los datos, qué contingencias pueden afectar al precio y qué evidencias permiten defender todo ello frente al comprador, el vendedor, un regulador o un tribunal.

De forma diferencial, desde g-digital, la división de negocio digital de Garrigues, podemos facilitar una capa probatoria cualificada cuando el asunto lo requiere. Ayudamos a documentar y acreditar la existencia, integridad, fecha y contenido de activos digitales o procesos críticos, como componentes de un software, documentación técnica de un modelo de IA, custodia electrónica o tokenización de activos. Esto permite que el asesoramiento no termine en una recomendación, sino que se convierta en una posición jurídicamente defendible, con evidencias útiles para una due diligence, una negociación contractual, un procedimiento sancionador, una reclamación judicial, una investigación interna o un incidente de ciberseguridad. El valor diferencial es que no nos limitamos a identificar riesgos, sino que convertirnos nuestro asesoramiento en decisiones y prueba cualificada. 

g-digital es un elemento diferenciador de Garrigues Digital que nos permite ofrecer a nuestros clientes capacidades tecnológicas propias para integrar confianza digital, evidencia, firma, custodia o trazabilidad en los procesos reales de nuestros clientes. Esto permite que el asesoramiento jurídico no se quede en una recomendación, sino que pueda incorporarse en los procesos de las empresas.

Su valor es especialmente claro cuando la seguridad jurídica depende de acreditar hechos digitales sobre qué existía, cuándo existía, quién lo aprobó, qué contenido se revisó, qué versión se custodió, qué términos fueron aceptados, qué documentación se entregó o qué evidencia debe preservarse.

Puede ser relevante, por ejemplo, para:

• Certificar documentación, comunicaciones o contenido digital.
• Aplicar sellado de tiempo, firma cualificada, servicios de confianza o custodia electrónica.
• Documentar el contenido analizado en una data room o la aceptación de términos y condiciones.
• Preservar evidencias en litigios, investigaciones internas, ciberataques o procedimientos sancionadores.
• Acreditar componentes de software, datasets, documentación técnica de modelos de IA o procesos de gobierno del dato.
• Integrarse en procesos de contratación electrónica, cumplimiento, trazabilidad de decisiones o conservación de documentación crítica.
• Estructurar proyectos de activos digitales y tokenización.

Esta capa es especialmente útil en operaciones, litigios, contratación electrónica, cumplimiento de IA, investigaciones internas, ciberataques, activos intangibles, consumo digital y procedimientos sancionadores, donde la trazabilidad de la decisión o del documento puede ser tan importante como el análisis jurídico.

Partimos del problema concreto de nuestros clientes: una operación de inversión o desinversión, una investigación, un ciberataque, el despliegue de una tecnología, una plataforma digital, una revisión contractual o un procedimiento ante un regulador.

A partir de ahí, identificamos qué decisiones hay que tomar, qué riesgos deben mitigarse y qué documentos, contratos, políticas, evidencias o actuaciones procesales son necesarios.

El objetivo es que el cliente tenga una respuesta jurídica única, práctica y adaptada a su negocio, no una suma de recomendaciones legales abstractas sin soluciones prácticas enfocadas a su realidad.

Trabajamos con clientes para los que la tecnología tiene impacto real en su negocio:

• Fondos de capital privado, venture capital, áreas de innovación de grandes multinacionales y corporate venture builders.
• Scaleups y compañías tecnológicas.
• Compañías de software, SaaS, datos, IA, ciberseguridad o servicios digitales.
• Plataformas digitales, marketplaces, apps e intermediarios online.
• Operadores de comercio electrónico, retail digital, plataformas de alojamiento o alquiler vacacional y modelos de venta online.
• Fintechs, entidades financieras como bancos, entidades de pago o entidades de dinero electrónico, aseguradoras, prestamistas, y otros operadores sujetos a regulación sectorial digital.
• Proveedores de servicios de activos digitales y criptoactivos.
• Empresas industriales, energéticas, de salud, defensa, movilidad, telecomunicaciones o educación en procesos de transformación digital.
• Operadores, promotores e inversores en data centers, cloud e infraestructura digital.
• Compañías no tecnológicas que compran software, despliegan sistemas de IA, externalizan servicios tecnológicos, monetizan datos o explotan activos intangibles.

Sí. Asesoramos en operaciones en las que el valor o el riesgo de la compañía viene determinado por la calidad de su software, datos, IA, ciberseguridad, propiedad intelectual, contratos tecnológicos, plataformas, activos digitales o regulación sectorial.

En este tipo de operaciones, el análisis jurídico no puede limitarse a revisar contratos. Es necesario entender qué activo se está comprando, quién puede explotarlo, qué restricciones existen y qué evidencias permiten defender su valor. Por eso analizamos, entre otros aspectos:

• Contratos críticos, dependencia de proveedores, cloud, SaaS y outsourcing.
• Titularidad del software, del código, de las bases de datos y de otros activos tecnológicos.
• Privacidad, ciberseguridad, gobierno de datos y ciclo de vida de la información.
• Deuda tecnológica, escalabilidad, continuidad de negocio y riesgos de integración post-closing.
• Regulación aplicable, incluidos export controls, normativa digital sectorial y posibles procedimientos sancionadores.
• Fiscalidad de intangibles y contingencias laborales vinculadas a talento tecnológico.

Cuando el asunto lo requiere, añadimos una capa probatoria cualificada para acreditar hechos digitales relevantes, por ejemplo:

• Existencia, fecha, contenido e integridad de componentes de software o versiones de código.
• Datasets de entrenamiento, documentación técnica de modelos de IA o evidencias de gobierno del dato.
• Contenido revisado en la data room.
• Aprobaciones internas, comunicaciones relevantes y trazabilidad de decisiones.
• Custodia electrónica, sellado de tiempo, firma cualificada o tokenización de activos.

El objetivo es que la operación refleje correctamente el valor y los riesgos del componente tecnológico en el precio, las garantías, las indemnizaciones, las condiciones de cierre y el plan de integración, y que la posición del cliente sea defendible si el activo, su titularidad o su contenido se cuestionan después.

Porque en los activos de IA el valor no siempre está donde parece. Puede estar en el modelo, pero también en los datos de entrenamiento, los derechos de uso, la trazabilidad, la integración en producto, el talento, la gobernanza, la documentación técnica o la ausencia de restricciones regulatorias.

Un asesoramiento correcto pasa por entender dónde está el valor añadido de los modelos de negocio basados en IA, y configurar los equipos necesarios para proteger este activo y desplegar los sistemas atendiendo al riesgo que conllevan. Hay que analizar licencias, proveedores, arquitectura contractual, privacidad, sesgos, supervisión humana, uso de modelos de terceros, seguridad, restricciones de uso, talento clave y capacidad real de integrar el activo en el negocio.

Sí. Ayudamos a las empresas a desplegar sistemas de IA de forma jurídicamente defendible. Esto incluye clasificar casos de uso, identificar obligaciones regulatorias, definir roles y responsabilidades, revisar contratos con proveedores, analizar la forma en la que se han compilado los datos de entrenamiento, preparar documentación, diseñar políticas internas, establecer procesos de supervisión humana, definir criterios de uso aceptable y preparar evidencias de cumplimiento.

Nuestro enfoque no es solo normativo, sino que traducimos el marco normativo en un mapa de decisiones concretas y facilitamos la posibilidad de contar con una capa tecnológica probatoria propia, esencial para acreditar el cumplimiento.

Sí. En un ciberataque activamos un equipo jurídico de crisis que combina privacidad, ciberseguridad, penal, procesal, mercantil, regulatorio sectorial y, cuando procede, laboral y comunicación con terceros.

Ayudamos desde los primeros momentos mediante la preservación de evidencias, coordinación con equipos forenses, análisis de brecha de datos personales, valoración de notificaciones a autoridades y afectados, revisión de obligaciones contractuales con clientes y proveedores, relación con aseguradoras, comunicaciones internas, denuncia penal, personación en el procedimiento y defensa ante reclamaciones o procedimientos sancionadores.

También intervenimos en supuestos de ransomware, fraude del CEO, interceptación de transferencias, acceso ilícito a sistemas, fuga de información, daños informáticos, suplantación de identidad, extorsión digital o uso interno indebido de credenciales.

La clave es actuar con rapidez sin perder control probatorio: qué ha pasado, qué sistemas y datos están afectados, qué obligaciones de notificación existen, qué comunicaciones deben realizarse, qué evidencia debe preservarse y qué estrategia de defensa conviene preparar desde el inicio.

Sí. La privacidad y el gobierno del dato están en la base de muchos proyectos digitales: IA, analítica, comercio electrónico, publicidad online, apps, marketplaces, recursos humanos, operaciones de M&A, ciberseguridad o monetización de datos. El riesgo no está solo en cumplir el RGPD, sino en poder explicar qué datos se tratan, con qué base jurídica, para qué finalidad, quién accede a ellos, dónde se alojan, cómo se transfieren y qué evidencias permiten demostrar el cumplimiento.

En este ámbito asesoramos, entre otros, en:

• Diseño de modelos de tratamiento, bases legitimadoras, cláusulas informativas, gestión de consentimientos, derechos de los interesados y gobierno interno de privacidad.
• Privacidad en productos digitales, apps, plataformas, marketplaces, comercio electrónico, publicidad online, cookies, tracking, perfiles, personalización y medición.
• Tratamientos de datos en sistemas de IA: datasets, entrenamiento, inferencia, decisiones automatizadas, anonimización, seudonimización y evaluaciones de impacto.
• Transferencias internacionales, encargados del tratamiento, acuerdos de datos y contratos con proveedores cloud, SaaS, outsourcing o servicios tecnológicos.
• Datos de empleados, biometría, monitorización, geolocalización, herramientas internas y decisiones automatizadas en el ámbito laboral.
• Due diligence de datos en operaciones: licitud del origen, titularidad, calidad, restricciones de uso, brechas, procedimientos abiertos y contingencias regulatorias.
• Brechas de seguridad, notificaciones, relación con autoridades de control y defensa en procedimientos ante la AEPD u otras autoridades europeas.

Además, cuando es necesario, podemos apoyarnos en g-digital para añadir una capa probatoria en materia de trazabilidad de consentimientos y aceptaciones, evidencia de la información facilitada, registro de decisiones, sellado de tiempo, custodia y conservación de documentación relevante.

Sí. Asesoramos a plataformas digitales, marketplaces, intermediarios online, e-commerce, apps, comparadores, fintechs, redes sociales, buscadores, proveedores SaaS y compañías que venden productos o servicios por canales digitales.

Podemos ayudarte en:

• Adaptación a DSA, DMA, Reglamento P2B, normativa de consumo digital, competencia y protección de datos.
• Términos y condiciones, políticas de uso, procesos de contratación online y relación con usuarios y empresas usuarias.
• Publicidad online, protección de menores, transparencia en materia financiera, transparencia de precios, reseñas, rankings y sistemas de recomendación.
• Responsabilidad de intermediarios, trazabilidad de vendedores, suspensión de cuentas y procesos de notice and take down.
• Procedimientos de diseño de flujos de onbarding de clientes, contratación de productos y servicios post-venta.
• Adaptación de los flujos a la normativa aplicable, como transparencia en productos financieros, prevención del blanqueo de capitales, privacidad o ciberseguridad.
• Procedimientos sancionadores, requerimientos de autoridades y defensa frente a reclamaciones de usuarios, empresas o competidores.

Sí. El comercio electrónico y la venta digital concentran hoy una parte relevante del riesgo de consumo. El cliente contrata sin presencia física, el precio puede cambiar de forma dinámica, la información se presenta en interfaces digitales y las decisiones de compra dependen de reseñas, promociones, suscripciones, programas de fidelización o sistemas de recomendación. Por eso el análisis jurídico no se limita a revisar textos legales, sino que debe cubrir cómo funciona realmente el canal de venta online.

Podemos ayudarte a definir:

• Información precontractual, contratación a distancia, derecho de desistimiento, garantías y atención al consumidor.
• Términos y condiciones, políticas de privacidad, políticas de cookies y condiciones de uso de plataformas.
• Procesos de checkout, realización de pedidos, confirmaciones, comunicaciones comerciales y modelos de venta transfronteriza.
• Suscripciones, programas de fidelización, promociones, descuentos y transparencia en reducciones de precio.
• Reseñas, publicidad digital, patrones oscuros (dark patterns), precios personalizados, pricing algorítmico y procedimientos de consumo.

Además, desde g-digital podemos aportar una capa probatoria para que estos procesos no solo estén correctamente diseñados, sino que puedan acreditarse después: aceptación de términos y condiciones de uso, contratación online, realización de pedidos, comunicaciones con consumidores, trazabilidad de consentimientos, cambios en precios o condiciones, evidencias de entrega de información precontractual y conservación de documentación relevante.

Sí. La contratación tecnológica suele definir mucho más que la prestación de un servicio, ya que determina la dependencia operativa del cliente, el acceso a datos, la continuidad del negocio, la capacidad de migrar a otro proveedor, la responsabilidad en caso de incidente y la posibilidad real de explotar el software, la plataforma o el producto contratado.

En este entorno, podemos ayudarte con el diseño y análisis de:

• Contratos SaaS, cloud, licencias de software, desarrollo tecnológico, outsourcing, integración de sistemas, servicios gestionados y APIs.
• Acuerdos de datos, contratos de IA, uso de componentes de terceros, open source y derechos sobre desarrollos, outputs y documentación técnica.
• Niveles de servicio, soporte y mantenimiento, continuidad de negocio, reversibilidad, auditorías, escrow y salida ordenada del proveedor.
• Ciberseguridad contractual, tratamiento de datos, responsabilidad, limitaciones de responsabilidad, garantías e indemnidades.
• Cambios de precios, dependencia de proveedor, migración, interoperabilidad y riesgos derivados de modelos cloud o SaaS críticos para el negocio.

Sí. La publicación, recomendación y retirada de contenidos en entornos digitales plantea riesgos que combinan libertad de expresión, derecho al honor, intimidad, propia imagen, protección de menores, publicidad dirigida y responsabilidad de plataformas e intermediarios. No se trata solo de decidir si un contenido debe retirarse, sino que también hay que valorar quién responde, qué procedimiento debe seguirse, qué evidencia conviene conservar y cómo defender la decisión ante usuarios, autoridades o tribunales.

En este ámbito asesoramos, entre otros, en:

• Retirada de contenidos, procesos de notice and take down y responsabilidad de intermediarios.
• Moderación de contenidos, términos de uso, reglas de comunidad y suspensión de cuentas.
• Derecho al honor, intimidad, propia imagen, libertad de expresión y reputación online.
• Protección de menores, verificación de edad, publicidad dirigida y contenidos potencialmente perjudiciales.
• Conflictos derivados de redes sociales, plataformas, foros, marketplaces o canales digitales.
• Procedimientos judiciales y extrajudiciales por publicaciones ilícitas, campañas de desprestigio, suplantación de identidad, difusión no autorizada de imágenes o incumplimiento de obligaciones de plataformas.

Sí. El marco regulatorio digital es cada vez más amplio y las autoridades están incorporando la supervisión del componente tecnológico a mercados que hasta ahora se analizaban desde categorías más tradicionales: consumo, competencia, financiero, publicidad, plataformas, protección de datos, servicios online o contenidos digitales. Esto hace que muchas empresas no solo tengan que adaptar sus procesos, sino también prepararse para responder a requerimientos, investigaciones y procedimientos sancionadores.

Defendemos a clientes en procedimientos ante autoridades de protección de datos, consumo, competencia, CNMV, CNMC, Comisión Europea y otros reguladores sectoriales. Intervenimos, entre otros, en:

• Procedimientos sancionadores por incumplimiento de obligaciones aplicables a plataformas, marketplaces, intermediarios online o servicios digitales.
• Expedientes vinculados a DSA, DMA, normativa de consumo digital, publicidad online, protección de datos, servicios financieros digitales o criptoactivos.
• Procedimientos sobre ventas online, transparencia de precios, reseñas, términos y condiciones, contratación digital o información al consumidor.
• Investigaciones relacionadas con publicidad de productos financieros, comunicaciones comerciales o modelos digitales sujetos a supervisión.
• Recursos contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras y defensa en procedimientos frente a autoridades nacionales o europeas.

En estos asuntos es especialmente importante preparar desde el inicio una estrategia que combine análisis regulatorio, prueba, relación con la autoridad, gestión documental y defensa contencioso-administrativa si el procedimiento termina en sanción.

Sí. Muchos conflictos empresariales tienen hoy una dimensión tecnológica o probatoria decisiva: el activo discutido puede ser software, datos o know-how; el incumplimiento puede derivar de un contrato tecnológico; la prueba puede estar en correos, logs, capturas, sistemas internos o comunicaciones digitales; y el daño puede producirse mediante fraude, acceso ilícito, suplantación o uso no autorizado de activos digitales.

Intervenimos, entre otros, en:

• Litigios por uso no autorizado de software, datos, contenidos, bases de datos o activos digitales.
• Incumplimientos de contratos tecnológicos, licencias, desarrollos, SaaS, cloud u outsourcing.
• Disputas sobre titularidad, explotación o apropiación de software, algoritmos o secretos empresariales.
• Procedimientos vinculados a prueba digital, preservación de evidencias, logs, comunicaciones electrónicas, capturas, trazabilidad o custodia de documentación.
• Conflictos sobre honor, intimidad, propia imagen, reputación online, contenidos en redes sociales o suplantación de identidad.
• Procedimientos penales por fraude del CEO, interceptación de transferencias, estafas informáticas, daños informáticos, acceso ilícito a sistemas o revelación de secretos.

Cuando procede, podemos apoyarnos en capacidades de evidencia digital, certificación, sellado de tiempo, custodia o trazabilidad para reforzar la posición procesal del cliente desde las primeras fases del conflicto.

Sí. En la economía digital, el valor de una compañía depende cada vez más de activos que no siempre están correctamente identificados, protegidos o documentados: software, bases de datos, algoritmos, modelos de IA, datasets, contenidos, marcas, diseños, know-how, secretos empresariales, procesos tecnológicos, nombres de dominio o derechos de uso. Si esos activos no están bien ordenados, pueden perder valor en una ronda de financiación, una due diligence, una operación de M&A, un litigio o una negociación comercial.

Contamos con un equipo especializado en propiedad intelectual e industrial, agentes de marcas e ingenieros, así como con agencia propia para registros, vigilancia y monitorización de infracciones. Esto nos permite cubrir tanto la protección formal de los activos como su gestión jurídica, contractual, probatoria y litigiosa.

En este ámbito asesoramos, entre otros, en:

• Registro, protección, vigilancia y defensa de marcas, diseños, dominios, software, contenidos y otros derechos de propiedad intelectual e industrial.
• Cadenas de titularidad y derechos: contratos de desarrollo, cesiones, licencias, encargos, contribuciones de empleados, colaboradores, proveedores o comunidades open source.
• Procesos de revisión y ordenación de intangibles para preparar a la compañía para inversión, financiación, due diligence o venta.
• Licencias de software, datos, contenidos, marcas, obras protegidas y tecnología, incluyendo negociación con entidades de gestión colectiva cuando procede.
• Protección de código, bases de datos, algoritmos, documentación técnica y secretos empresariales.
• Uso de contenidos, datos y obras protegidas en entrenamiento de IA, scraping, datasets, outputs y explotación de modelos.
• Litigios por infracción, scraping, uso no autorizado de software o contenidos, apropiación de secretos empresariales, incumplimiento de licencias o vulneración de derechos sobre activos digitales.
• Estrategias para que los activos sean audit-ready, transmisibles, defendibles, monetizables y valorables en una operación.

No se trata solo de registrar o proteger, sino de construir una cartera de activos intangibles sólida, trazable y explotable, que resista la revisión de inversores, financiadores, compradores, reguladores o tribunales.

Sí. Los modelos digitales y los activos intangibles plantean riesgos fiscales específicos porque el valor no siempre coincide con la estructura jurídica o contable del grupo. Puede haber software, datos, marcas, algoritmos, secretos empresariales o modelos de IA desarrollados por una entidad, explotados por otra, licenciados dentro del grupo o utilizados en distintas jurisdicciones. Si la titularidad, la explotación y la remuneración no están correctamente alineadas, pueden surgir riesgos en precios de transferencia, deducciones, royalties, incentivos fiscales, reorganizaciones, operaciones de M&A o inspecciones tributarias.

En este ámbito asesoramos, entre otros, en:

• Fiscalidad de software, datos, propiedad intelectual, secretos empresariales, marcas, algoritmos, modelos de IA y otros activos intangibles.
• Asignación correcta de la titularidad, explotación y remuneración de los activos dentro del grupo.
• Licencias intragrupo, royalties, acuerdos de desarrollo, cost sharing, cesiones de uso y estructuras de explotación internacional.
• Precios de transferencia en modelos digitales, plataformas, SaaS, servicios online, datos, licencias y activos tecnológicos.
• Aplicación de incentivos fiscales, patent box, deducciones por I+D+i y financiación de la innovación.
• Estructuras de IP holding, reorganizaciones, migración de intangibles y operaciones de M&A tecnológico.
• Documentación fiscal y defensa en inspecciones cuando el valor, la titularidad o la remuneración de los intangibles pueda ser cuestionada.

Nuestro enfoque conecta la fiscalidad con el modelo de negocio real: dónde está el activo, quién lo desarrolla, quién lo explota, cómo se remunera, dónde se genera el valor, qué riesgos asume cada entidad y cómo se documenta todo ello para que la estructura sea defendible.

Sí. La digitalización está cambiando de forma directa las relaciones laborales: cómo se selecciona y evalúa a las personas, cómo se organiza el trabajo, cómo se controla la actividad, qué información reciben los representantes de los trabajadores y cómo se gestionan reorganizaciones vinculadas a automatización, plataformas o sistemas de IA. En este contexto, el riesgo laboral no suele aparecer aislado, sino que suele presentar aspectos relacionados con privacidad, ciberseguridad, regulación de IA, prueba digital, secretos empresariales y protección de activos.

En este ámbito asesoramos, entre otros, en:

• Uso de IA y herramientas algorítmicas en selección, evaluación del desempeño, promoción, decisiones disciplinarias o despidos.
• Automatización de funciones, reorganizaciones, formación tecnológica, recualificación y derechos de información y consulta.
• Negociación colectiva digital, teletrabajo, trabajo a distancia, desconexión digital y modelos de prestación de servicios a través de plataformas.
• Control empresarial mediante medios tecnológicos: videovigilancia, geolocalización, monitorización de equipos, uso de dispositivos corporativos y revisión de comunicaciones.
• Protección de datos de empleados, tratamiento de datos biométricos, cesiones intragrupo, transferencias internacionales y decisiones automatizadas en el ámbito laboral.
• Políticas internas de uso de herramientas digitales, ciberseguridad corporativa, secretos empresariales y uso indebido de medios tecnológicos.
• Prueba digital en procedimientos laborales: correos, capturas, WhatsApp, redes sociales, registros de actividad, geolocalización o grabaciones.

El objetivo es que la empresa pueda adoptar tecnología en la organización del trabajo con criterios jurídicos claros, políticas aplicables y capacidad de defensa si las medidas adoptadas se cuestionan o generan conflictos.

Sí. La economía digital, y especialmente el despliegue de la IA, depende de una infraestructura física cada vez más compleja: data centers, capacidad cloud, conectividad, suministro eléctrico, suelo, permisos, construcción, operación, financiación y cumplimiento regulatorio. Estos proyectos no son solo tecnológicos ni solo inmobiliarios, y requieren coordinar urbanismo, administrativo, energía, real estate, financiación, contratación, fiscalidad, protección de datos, ciberseguridad, ESG y regulación sectorial.

Desde Garrigues Digital podemos ofrecerte equipos especializados que pueden ayudar en todas las fases del proyecto, entre otras:

• Adquisición, arrendamiento o estructuración jurídica del suelo y de los activos inmobiliarios.
• Licencias, permisos, urbanismo, autorizaciones administrativas y cumplimiento ambiental.
• Conexión eléctrica, suministro energético, PPAs, eficiencia energética y sostenibilidad.
• Contratos de construcción, ingeniería, operación, mantenimiento, servicios cloud, housing, hosting o acuerdos con hyperscalers.
• Financiación, due diligence, M&A de activos, joint ventures y estructuras de inversión.
• Protección de datos, ciberseguridad, continuidad de negocio, resiliencia operativa y gestión de incidentes.
• Fiscalidad, ESG, seguros, responsabilidad contractual y gestión de riesgos regulatorios.

La infraestructura de IA y de la economía digital exige una lectura multidisciplinar. Ahí Garrigues Digital puede aportar una visión integrada para que el proyecto sea viable desde el punto de vista jurídico, regulatorio, contractual, energético, inmobiliario y financiero.

Incorporamos G-advisory cuando el asunto digital no puede analizarse solo desde el Derecho, porque el valor o el riesgo dependen también de hipótesis técnicas, energéticas, económicas, ambientales o de mercado. Esto es especialmente relevante en proyectos donde la tecnología se apoya en infraestructura física, consumo energético intensivo, financiación de activos, sostenibilidad o cumplimiento ESG.

Puede ocurrir, por ejemplo, en un proyecto de data center en el que haya que analizar suelo, permisos, conexión eléctrica, PPAs, eficiencia energética, impacto ambiental, financiación y contratos con operadores. También en operaciones sobre compañías de climate tech o energy tech cuyo valor dependa de la viabilidad técnica del activo, o en una financiación donde el banco necesite contrastar hipótesis de producción, demanda, precio de energía, capex, opex y cumplimiento regulatorio.

En este tipo de asuntos, G-advisory puede aportar, entre otras capacidades:

• Due diligence técnica, comercial, ambiental y ESG en operaciones de compra, venta o financiación de activos.
• Estudios de mercado, análisis regulatorios y revisión de hipótesis técnicas o económicas del plan de negocio.
• Asesoramiento en PPAs, previsiones de precios eléctricos, conexión, suministro energético y eficiencia.
• Análisis técnico y económico de proyectos de energías renovables, almacenamiento, biometano, hidrógeno, redes, residuos, agua o infraestructura crítica.
• Apoyo en financiación verde, sostenibilidad, cambio climático, cumplimiento ESG y reporting.

La combinación es diferencial porque permite al cliente recibir una lectura jurídica y técnica integrada. En proyectos digitales intensivos en infraestructura -como data centers, infraestructura de IA, climate tech o activos vinculados a energía- no basta con saber si el contrato está bien redactado: también hay que entender si las hipótesis técnicas que sostienen el valor del proyecto son defendibles.