Los bonos sociales ganan terreno en Latinoamérica

En los últimos años, diversos actores han hablado sobre las inversiones sostenibles, aquellas que incorporan los factores ambientales y sociales en las decisiones de inversión, en las que el proceso de inversión se realiza teniendo en cuenta, además de los factores financieros tradicionales, los extra-financieros, como el impacto de determinado proyecto en el medioambiente o en la sociedad. Aunque la búsqueda de financiamiento que tome en cuenta tales factores no ha sido fácil, en los mercados de valores mundiales han empezado a surgir los llamados bonos temáticos conocidos también como “bonos ODS” (Objetivos de Desarrollo Sostenible), dentro de los cuales se encuentran los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos de sostenibilidad.

Para la International Capital Market Association (ICMA, 2021), los bonos sociales son cualquier tipo de instrumento donde los ingresos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles nuevos y/o existentes y que están alineados con los cuatro componentes centrales de los Social Bond Principles (PBS, por sus siglas en español). De acuerdo a los estándares incluidos en los PBS impartidos por la ICMA, estos deben enmarcarse en los siguientes parámetros: agua potable, alcantarillado, saneamiento, transporte, energía, salud, educación y formación profesional, atención médica, vivienda, generación de empleo o incluso a través del efecto potencial de la financiación de las pequeñas y medianas empresas y microfinanzas, entre otros.

En un contexto como el señalado, el BID Invest (2021) ha reportado que el mercado mundial de bonos temáticos está en rápida expansión con una deuda sostenible por un valor de US$700.000 millones emitida solo en 2020; esto es casi el doble del volumen del año anterior. Sostiene que América Latina y el Caribe ha sido la región con más rápido crecimiento, y el interés de los inversores está desplazándose cada vez más hacia los mercados en desarrollo.

Si bien la emisión de bonos sociales en América Latina todavía es reciente, distintas entidades multilaterales siguen viendo un potencial significativo en su crecimiento y masividad, lo que incluye no solo a emisores corporativos de gran tamaño, sino a emisores gubernamentales de deuda sostenible.

CHILE

El financiamiento sostenible se encuentra en pleno desarrollo en Chile, existiendo un gran y creciente interés por parte de los diversos actores del mercado.

Uno de los principales ejes en el desarrollo de este tipo de financiamiento en el país se debe a la participación que el propio Estado de Chile ha tenido en este tipo de emisiones que, desde el año 2019, suman aproximadamente US$14.400 millones de dólares, lo que representa un 15,5% del stock de deuda. De esta forma, por datos entregados por el mismo Ministerio de Hacienda de Chile, desde el año 2019 se ha emitido el equivalente a aproximadamente US$ 14.400 millones en bonos temáticos, de los cuales, US$7.700 millones son bonos verdes, US$5.200 millones son bonos sociales, y US$1.500 millones son los bonos sostenibles.

Una herramienta de gran utilidad en este desarrollo ha sido la implementación, por parte del Gobierno de Chile, de un Marco de Bono Sostenible (más información aquí) en el que se definen las prioridades de financiamiento ambientales y sociales en Chile, entre ellas: (a) cambio climático: objetivo de neutralidad climática en 2050, contemplando transporte limpio, eficiencia energética, energía renovable, recursos naturales, uso de suelos y áreas marinas protegidas, gestión eficiente y resiliente al clima de los recursos hídricos o edificios verdes; (b) apoyo a grupos vulnerables; (c) pensiones; (d) salud, y (e) educación.

Además, ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de este tipo de financiamientos la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes creada al amparo del Ministerio de Hacienda de Chile, cuyo objetivo es definir una agenda de diálogo y trabajo conjunto entre el gobierno, reguladores e instituciones del mercado financiero para incorporar los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en la toma de decisiones. Esta mesa es liderada por el Ministerio de Hacienda y conformada por representantes de la Comisión para el Mercado Financiero, Banco Central de Chile, Superintendencia de Pensiones, Banco del Estado de Chile, Ministerio del Medio Ambiente, Bolsa de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile, Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Asociación de Aseguradores de Chile, Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión y Asociación Administradora de Fondos Mutuos.

El interés en este tipo de emisiones en Chile no sólo se ha manifestado en el sector público, sino también en el ámbito privado. A partir del año 2019, hemos visto un creciente interés en diversas compañías en acceder a este tipo de financiamiento, ya sea con bonos verdes y sociales, ya sea a través de financiamientos corporativos. Lo anterior ha generado interés en regular esta materia en forma más precisa y eficiente, por lo que esperamos ver un mayor volumen de legislación sobre la materia en el corto y mediano plazo.

COLOMBIA

Las financiaciones sostenibles en Colombia se encuentran en crecimiento. Desde el 2016 se han realizado seis emisiones de bonos verdes por un monto de más de $2,8 billones de pesos. El apetito de los inversionistas ante este tipo de emisiones ha sido elevado, al alcanzar un “bid to cover” de hasta 2,6x sobre los montos ofertados. La gran mayoría de entidades emisoras de estos títulos han sido entidades financieras locales, las cuales destinaron los recursos a financiar proyectos relacionados con energías renovables, el control de la polución y la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Por otro lado, ya se ha registrado en el país la primera financiación sostenible bajo el formato ESG Linked por un monto en pesos colombianos equivalente a €37 millones, en la que la tasa de interés está ligada al desempeño del deudor en aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno. Adicionalmente, cada vez más se realizan transacciones de financiación que podrían considerarse como verdes, como por ejemplo la aplicación de estándares internacionales en temas ambientales tales como los Estándares de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social emitidos por IFC.

En este contexto, el regulador financiero colombiano ha demostrado ser sumamente sensible en relación con el rol que debe asumir el sistema financiero para apoyar la transición hacia una economía sostenible. De acuerdo con el documento de Riesgos y oportunidades del cambio climático publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la estrategia de dicha entidad en este frente tiene por objetivos “promover la gestión de los riesgos que el cambio climático representa para la estabilidad del sistema financiero” y “apoyar el desarrollo de las iniciativas derivadas de la transición hacia una economía baja en carbono y de crecimiento verde”.

En el marco de esta estrategia, la SFC ha llevado a cabo una serie de acciones tales como su vinculación a diferentes organismos internacionales (Red de Banca Sostenible –SBN-, la NGFS y el Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA), el desarrollo de encuestas dirigidas a sus vigilados en 2019 y 2021 con la finalidad de consultar la percepción de las entidades frente a los riesgos ambientales y oportunidades para el sector relacionadas con el mismo o la vinculación al Task Force de inversión responsable, entre otras.

Asimismo, la SFC ha incluido dentro de sus herramientas de supervisión el análisis de riesgos climáticos y ha llevado a cabo la integración de ESG en el Marco Integral de Supervisión (metodología implementada por SFC que permite integrar los riesgos que pueden afectar a las entidades supervisadas y al sistema financiero).

Finalmente, en el frente regulatorio, la SFC emitió en abril de 2021 la Circular Externa 007 de 2021, aplicable a fondos de pensiones, aseguradoras y sociedades de capitalización que incluye temas de ESG en los procesos de inversión de dichas entidades. En el mismo sentido, actualmente se encuentra en trámite una reforma financiera cuyo texto incluye regulación dirigida a promover el rol de las entidades vigiladas ante “el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el logro de otros objetivos sociales y ambientales mediante la movilización y transformación de recursos hacia una economía más sostenible e inclusiva y la aplicación de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las distintas actividades que componen dicho mercado; así como determinar la adopción de mejores estándares en la materia”.

MÉXICO

Según información de la Bolsa Mexicana de Valores, en México las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles crecieron 8 veces en monto en comparación con 2015 (incluyendo el bono soberano) en México y a nivel mundial. Además, el número total de emisiones de bonos etiquetados por entidades mexicanas es de 39 y el sector que más invierte en este tipo de bonos es el de la banca de desarrollo, con un 75%, seguido del sector corporativo (31%) y del gobierno (22%). También señala que parte de los recursos de los proyectos financiados de bonos verdes son destinados a energía eólica y solar; los recursos de los proyectos financiados de bonos sociales son destinados al impulso del emprendimiento y acceso femenino a servicios financieros, y los recursos de los proyectos financiados de bonos sostenibles son destinados a infraestructura básica, control de la contaminación y adaptación al cambio climático.

Por lo que se refiere a las emisiones por parte de la banca de desarrollo, estas se dan en el contexto de sus políticas ambientales y sociales, como es el caso del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras). Banobras emitió su Política Ambiental y Social para impulsar mejores prácticas que promueven el financiamiento para el desarrollo, la reducción de brechas y sostenibilidad en México.

La política integra principios y directrices en materia social y ambiental en la estrategia institucional, en la gestión de sus operaciones crediticias, su estructura de gobierno y procesos internos. 

La Política Ambiental y Social de Banobras aplica a todo el personal de la institución y es extensiva a sus clientes en financiamientos o refinanciamientos para el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos. Particularmente, aplica a proyectos con financiación internacional o multilateral que requieran la ejecución del Sistema de Gestión Ambiental y Social de Banobras (SARAS), como el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).

Así, la Política Ambiental y Social de Banobras se sustenta en los principios de responsabilidad social, impulsando el desarrollo de proyectos que contribuyan al bienestar social, y de responsabilidad ambiental, con el objetivo de respetar el medio ambiente y la conservación de ecosistemas.

PERÚ

Bajo la normativa peruana, no existe regulación específica para este tipo de bonos o requerimientos adicionales.

Del mismo modo, no existe una definición específica o particular recogida por la normativa local, sino que la definición incluida por la Bolsa de Valores de Lima (BVL) es aquella señalada bajo los PBS. En este sentido, la BVL ha creado recientemente un segmento especial para los bonos sociales. A través de un marco elaborado por el emisor o un tercero independiente, se debe justificar por qué considera que los proyectos podrían ser elegibles como proyectos sociales.

En el marco del proceso de inscripción del valor en la BVL, siguiendo los PBS, para que un bono pueda ser considerado como “bono social”, el emisor debe contratar un tercero independiente que elabore un reporte de segunda opinión. Asimismo, para inscribir valores en la BVL como bonos sociales, el emisor debe cumplir con ciertos requisitos y obligaciones y, de cumplir con lo estipulado, la BVL otorgará los códigos nemónicos con inicial “S”.

De forma posterior, luego de emitir un bono con categoría social, el emisor o un tercero independiente debe elaborar anualmente un reporte de validación informando respecto al uso de los recursos, hasta el vencimiento del bono.

Perú tiene un histórico interesante en materia de bonos temáticos. Así, en su mayoría, se han emitido bonos verdes, cuyo mercado está dominado por corporaciones no-financieras y por proyectos en el sector de energía. Se dice que el primer bono verde fue emitido en diciembre del año 2014, a nivel internacional, por el operador peruano de parques eólicos Energía Eólica, una subsidiaria indirecta de la multinacional energética Contour Global.

Asimismo, de acuerdo a la información pública contenida en la BVL (2021), a la fecha, existen tres emisores cuyos programas de bonos han sido etiquetados como bonos sociales: Internacional de Títulos Sociedad Titulizadora S.A. (originador: Colegios Peruanos S.A.), un programa de titulización de bonos, del sector educación; Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa S.A., un programa de bonos del sector financiero (financiamiento de pequeñas y micro empresas) y Corporación Financiera de Desarrollo S.A.- COFIDE, que emitió el Bono COVID del 2021.

Finalmente, cabe destacar que, en el año 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, mediante Resolución Ministerial N° 221-2021-EF/52, aprobó el documento marco del Bono Soberano Sostenible denominado Peru Sustainable Bond Framework, siguiendo los estrictos estándares de la ICMA, que establece principios y recomendaciones para el proceso de gobierno y emisión con el fin de promover la transparencia e integridad en el cada vez más creciente mercado de bonos temáticos.