Más presión para resolver reclamos del consumidor
Las empresas soportarán más presión para resolver los reclamos de sus consumidores desde el 21 de mayo, cuando entre en vigencia una modificación del Código de Protección y Defensa del Consumidor aprobada por el Congreso que reduce el plazo que tienen los proveedores para responder los reclamos. Así, el plazo ha pasado de 30 días calendario, prorrogables por 30 días adicionales, a 15 días hábiles improrrogables.
Si bien la finalidad es que el consumidor obtenga una respuesta más ágil, lo cierto es que la nueva norma impone a los proveedores un ajuste logístico que podría ser de difícil cumplimiento. Por ello, normas como esta deberían sustentar mejor cómo contribuirán a corregir los problemas identificados y si la solución escogida es la opción menos costosa para los agentes económicos. No hacerlo generará consecuencias prácticas que irán en contra del objetivo de favorecer al consumidor.
Pese a ello, este nuevo plazo no aplica a todos los sectores, ya que algunos cuentan con normativa especial que regula la tramitación de sus reclamos: el sector financiero y de seguros (30 días calendario prorrogables) –con excepción de los reclamos por problemas con equipos celulares que se regirán por la nueva normativa-, el de electricidad y gas natural (entre 10 y 30 días hábiles), el de salud (30 días hábiles) y el de infraestructura de transporte (15 y 30 días hábiles), salvo los reclamos por los servicios prestados por las empresas de transporte aéreo y terrestre, los cuales se regirán por el nuevo plazo del código.
Las demás empresas verán reducido a 15 días hábiles improrrogables su plazo de respuesta a los reclamos de los consumidores. No hacerlo podría implicar una sanción de hasta US$12.500,00 aproximadamente. Una respuesta tardía o en exceso al nuevo plazo legal de 15 días hábiles, implicaría una sanción de hasta US$6.300,00, aproximadamente.
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