Presente y futuro de la infraestructura social en Latinoamérica

CHILE

Uno de los ejes relevantes en la política pública que impulsará el nuevo Gobierno de Chile, asumido en marzo de 2022, será la licitación de proyectos de infraestructura con fines sociales. Está pendiente de determinar la profundidad que podrán tener estos proyectos, sobre el escenario de cambio constitucional que atraviesa Chile.

Adicionalmente, la agenda de concesiones 2021-2025 del Ministerio de Obras Públicas incluye una extensa lista de proyectos de infraestructura en áreas con necesidades sociales urgentes, tales como salud, conectividad y sustentabilidad.

En materia de salud, por ejemplo, durante el primer trimestre de 2022 se considera el llamado a licitación para la “Concesión Hospital Metropolitano Norte”. Este proyecto se ubicará en la comuna de Colina, en la zona norte de Santiago de Chile, y contempla la construcción de un recinto médico, la mantención de la infraestructura a desarrollar y la adquisición, mantención y reposición de equipamiento médico y mobiliario clínico y no clínico. El presupuesto oficial de la obra es de UF 5.888.000 (USD247 millones aproximadamente).

De cara a la crisis hídrica que vive actualmente Chile, se licitará el proyecto “Concesión Embalse Zapallar”, ubicado en el Río Diguillín, Región del Ñuble, en la zona centro-sur de Chile, que considera la construcción de un embalse con capacidad para inundar 424 hectáreas. Se estima que el embalse cubrirá una superficie de riego de 10 mil hectáreas, beneficiando a mil predios aproximadamente. El presupuesto oficial de la obra es de UF 8.517.254 (USD 357 millones aproximadamente), y se espera que el llamado a licitación se realice durante el tercer trimestre de 2022.

Durante 2023 se espera la licitación para el proyecto “Concesión Embalse Catemu”, consistente en la construcción, mantención y operación del Embalse Catemu, ubicado en la Región de Valparaíso. Este embalse abastecerá principalmente las necesidades de riego de la zona, e inundará una superficie total de aproximadamente 500 hectáreas. El proyecto se sustenta en una mirada integral en la cuenca, que beneficiará a agricultores y usuarios, garantizando el consumo humano y el riego. Se estima que la obra beneficiará a 26.577 hectáreas. El presupuesto oficial es de UF 11.117.760 (USD 466 millones aproximadamente).

En materia de transporte, y con miras a promover soluciones de conectividad sustentables para toda la población, destacan dos proyectos de transporte público mediante vehículos eléctricos. En primer lugar, el proyecto denominado “Concesión Sistema de Transporte Público Eléctrico Ligero Interconexión Metro – Pudahuel - Aeropuerto AMB (Tranvía Pajaritos-AMB) que considera un vehículo eléctrico ligero tipo tranvía que permitirá facilitar el acceso al Aeropuerto Internacional de Santiago. Con una longitud de 12,5 km, conectará las estaciones Pajaritos y Barrancas del Metro de Santiago, con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en menos de 18 minutos. El presupuesto oficial de la obra es de UF 10.151.279 (USD 425 millones, aproximadamente) y el llamado a licitación se espera para el segundo trimestre de 2022.

Otro proyecto relacionado con conectividad, es el “Mejoramiento de Conectividad Coquimbo – La Serena vía transporte público”. El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema tranviario eléctrico tipo LRT (‘light rail transit’), que utilizará una vía exclusiva entre las ciudades de Coquimbo y La Serena, permitiendo la conexión entre ambas ciudades. La longitud aproximada será de 13.69 km, y contempla 19 estaciones. El presupuesto oficial de la obra es de UF 7.992.381 (USD 335 millones aproximadamente), y el llamado a licitación está fijado para el cuarto trimestre de 2023.

COLOMBIA

El sector de la infraestructura en Colombia proyecta grandes avances gracias al aumento del presupuesto de inversión del Gobierno bajo el plan “Compromiso por Colombia” para la reactivación económica del país tras la pandemia. Dentro de este, existen 78 proyectos del sector de transporte, dentro de los cuales ocho de los 10 megaproyectos con mayores rubros iniciarán su construcción este año. Asimismo, se espera que este año se adjudiquen 12 proyectos de quinta generación (5G), correspondientes a obras carreteras, férreas, fluviales y aeroportuarias; mientras que los proyectos viales de cuarta generación (4G) han avanzado en un 65%, incluyendo cuatro de estas concesiones que han finalizado su etapa de construcción.

Por otra parte, recientemente ha surgido un aumento en materia de infraestructura con función social, particularmente en el desarrollo de pequeñas y medianas obras como vías urbanas, espacios comunitarios, hospitales, cárceles y soluciones para agua potable y saneamiento básico. Lo anterior ha sido posible gracias a políticas como el Programa de Fortalecimiento para el Desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat, los cuales fomentan la edificación de infraestructura enfocada en mejorar los procesos de desarrollo económico, cultural y social de la población colombiana. Adicionalmente, una de las metas del actual Gobierno es aumentar la construcción de infraestructura social, por lo que para este año se espera iniciar y dejar en operación y mantenimiento 439 proyectos de infraestructura social en el país. Dentro de estos se incluyen 65 plazas de mercado, cuatro centros de acopio, seis centros de transformación productiva, tres espacios comunitarios para comunidades étnicas, 171 vías rurales y 191 vías urbanas, entre otras.

Finalmente, una herramienta eficaz para el desarrollo de este tipo de proyectos en Colombia son las alianzas público privadas (APP), reguladas por la Ley 1508 de 2012, por medio de las cuales se facilita la inversión privada para garantizar eficiencia y calidad en la entrega de las construcciones. Al respecto, la Secretaría de Salud de Bogotá adjudicó recientemente el Proyecto Hospital de Bosa, como el primer proyecto de infraestructura social desarrollado mediante una estructura de APP en el país. Este atrajo USD150 millones en inversión extranjera, tuvo cierre financiero con el apoyo de la banca local y se encuentra actualmente en desarrollo.

El éxito del Hospital de Bosa anticipa un auge en el desarrollo de otros proyectos de APP de infraestructura social bajo esta modalidad en infraestructuras tales como cárceles, centros de salud, colegios, acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), todos ampliamente requeridos en el país.

MÉXICO

En México estos instrumentos, conocidos como asociaciones público privadas (APP)  actúan como un medio ampliamente utilizado para llevar a cabo proyectos de infraestructura social como hospitales, carreteras e inclusive cárceles.

Las APP y el proceso de contratación están regulados en la Ley de Asociaciones Público Privadas, publicada en enero de 2012. Conforme a la ley, los proyectos de APP son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final, y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.

Las disposiciones de esta ley son aplicables a proyectos de asociaciones público privadas que realicen (i) las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; (ii) Fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales; (iii) Personas de derecho público federal, con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, (iv) las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, con recursos federales.

Por las características de los proyectos de infraestructura social, éstos dependen de que la administración en turno opte por utilizar las APP. Actualmente, la administración federal ha revisado estos contratos sin continuar con su promoción, lo cual crea incertidumbre para obras futuras. Dicho lo anterior, las APP son un esquema que permite que la infraestructura social cuente con un marco jurídico que facilite su implementación y le de viabilidad para el futuro.

PERÚ

La educación es un pilar fundamental para el progreso de nuestra sociedad y ejerce un rol protagónico en la difusión de conocimientos técnicos, ética y valores cívicos capaces de generar una identidad nacional forjada en el respeto y la honestidad. Sin embargo,  es un elemento escaso en algunos países en vías de desarrollo, menoscabando cualquier expectativa en lograr conocimientos técnicos, ética y valores cívicos en la sociedad.

Parte de ello es una combinación de deficiente inversión en el sector educación y la pandemia del COVID-19, que ha generado una reducción aún mayor del abanico de oportunidades educativas para los escolares peruanos y, en consecuencia, la brecha educativa persiste y se agravará a través del tiempo. Dichos factores acentúan la falta de difusión de aquellos conocimientos y valores cívicos que necesitamos como sociedad y nos hacen menos competitivos frente a los mercados internacionales, lo cual es particularmente preocupante considerando la elevada competitividad generada por la globalización como fenómeno global.

Podemos apreciar que el crecimiento del país de cara al futuro dependerá en buena parte de nuestra capacidad institucional de poner en marcha un engranaje educativo que permita inculcar en los más jóvenes conocimientos técnico, ética y valores cívicos.

Requerimos tomar medidas urgentes para reestablecer la confianza en nuestras instituciones y consideramos que el camino para reconstruirla requerirá de esfuerzos monumentales para promover la educación de cara a las nuevas generaciones, pues como sabemos la inversión en educación es un proceso complejo cuyos flujos podremos apreciar en el largo plazo.  

Según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad elaborado en el 2019 por el Gobierno peruano, se estima que la brecha de infraestructura de acceso básico en el Perú superaría los USD98 mil millones, lo cual se debe a la escasa inversión en infraestructura pública nacional en el sector educativo, salud, saneamiento, agua potable, entre otros. Ciertamente, la pandemia del COVID-19 ralentizó el avance en los proyectos de infraestructura más importantes del país e impactó en las licitaciones en curso de la tan anhelada infraestructura pública nacional.

Cabe destacar que el sector educativo escolar en el Perú no escapó de dicho contexto de incertidumbre pandémica y fue duramente afectado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), como consecuencia de la pandemia del COVID-19, más de 400 mil alumnos dejaron de llevar clases completamente durante el año 2020.

Resulta evidente la necesidad de aminorar el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sector educativo a través de la inversión pública y privada en infraestructura educativa, por ejemplo a través de las asociaciones público privadas, ya de público conocimiento, y por otro lado, los denominados Colegios de Alto Rendimiento (COAR). Los COAR son colegios públicos operados por el Ministerio de Educación (MINEDU) cuyo objetivo es albergar a estudiantes sobresalientes y de alto rendimiento entre el tercer y quinto año de secundaria (antepenúltimo y último año escolar secundario). Estos colegios se caracterizan por tener un alto nivel de educación, con la finalidad de potenciar el talento académico de los mejores alumnos de educación pública secundaria a nivel nacional.

La construcción y puesta en operación de nuevos COAR en el corto y mediano plazo podría contrarrestar el impacto a largo plazo que la pandemia del COVID-19 ha tenido en ciertos estudiantes escolares, particularmente en aquellos estudiantes de alto potencial académico, así como la escasa inversión pública en infraestructura educativa. Sin embargo, a la fecha existen únicamente 25 COAR a nivel nacional que ofrecen un número limitado de 2.695 vacantes, según el MINEDU. Este número representa tan solo un 0,67% de los 400 mil alumnos que dejaron de llevar clases completamente durante el año 2020. Evidentemente, el número de COAR a nivel nacional es insuficiente para cubrir la demanda escolar actual y aminora los efectos de la pandemia COVID-19 sobre los 400 mil alumnos antes referidos. 

Así pues, una alternativa adicional y viable a las asociaciones público privadas - mecanismo de licitación pública por excelencia que muchas veces suele exceder los plazos inicialmente previstos para el inicio y puesta en marcha de la obra y/o concesión licitada - son los “Acuerdos Gobierno a Gobierno” (Acuerdos G2G) y las “Obras por Impuestos” (OxI). A través de los Acuerdos G2G, el Gobierno peruano contrata bienes, servicios u obras que serán prestados por otro Gobierno, sin que dicha contratación se rija por las normas peruanas habituales de contratación estatal peruana. Estos contratos permiten agilizar los procedimientos de selección para las obras públicas sin necesariamente perjudicar la rigurosidad en el desarrollo y construcción de la obra.

Ejemplos de éxito recientes de dicha modalidad de contratación en el Perú son la infraestructura pública de los Juegos Panamericanos del año 2019 y aquella encargada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el marco de la reconstrucción de infraestructura nacional afectada por el Fenómeno del Niño del año 2017, los cuales permitieron una mayor celeridad en la construcción de obras públicas.

Por otro lado, las Obras por Impuestos son un mecanismo de inversión privada mediante el cual las empresas privadas adelantan una fracción del pago correspondiente al Impuesto a la Renta en aras de financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión pública priorizados por el Estado peruano, con una mayor rapidez y eficiencia en la gestión de su construcción y sin perjuicio de que los servicios educativos sean prestados por el MINEDU.

Toda vez que el déficit educativo en el Perú es tan grande y siendo que la educación mantiene un rol fundamental en el desarrollo del país, consideramos que el Estado y el sector privado deben promover y activar todos los mecanismos antes descritos para incrementar la infraestructura educativa nacional, incluyendo la promoción de asociaciones público privadas.