La propuesta de directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad, todo un reto para el que las empresas deberán estar preparadas

El 10 de diciembre se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1948. En este contexto, aunque son muchas las iniciativas del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos, la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad es la que va a suponer un antes y un después en la implicación y responsabilidades del tejido empresarial.

Por ello, coincidiendo con este aniversario, una nueva edición de Los diálogos de Garrigues Sostenible ha reunido a Adrián Vázquez Lázara, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, con Eva Díez-Ordás, socia de Laboral de Garrigues, y Sergio González Galán, socio de Mercantil y coordinador del área de Gobierno Corporativo, ambos miembros del Comité ESG del despacho, para debatir sobre las implicaciones para las empresas y los avances del trámite legislativo de la futura directiva, que se está llevando a cabo en la Unión Europea.

Tras un largo proceso de negociaciones, que todavía se están desarrollando, la Directiva sobre diligencia debida afronta actualmente su recta final de cara a su posible aprobación definitiva. El próximo 13 de diciembre tendrá lugar un nuevo hito en este proceso, al celebrarse un nuevo trílogo entre el Consejo de la UE, el Parlamento y la Comisión Europea y, en todo caso, antes del 15 de febrero se deberá alcanzar el acuerdo definitivo para que la directiva pueda ver la luz en esta legislatura.

Según explicó Adrián Vázquez, la aprobación de una normativa sobre la materia a nivel europeo evitaría la fragmentación regulatoria en los Estados miembros, fragmentación que implicaría mayores obstáculos para las empresas que operan en diferentes jurisdicciones.

Eva Díez-Ordás recordó que esta normativa obligará a las empresas dentro de su ámbito de aplicación a identificar, prevenir, mitigar, eliminar y reparar los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente que genere su propia actividad, la de sus filiales y la de su cadena de valor. Según recordó, se trata de una directiva compleja que supondrá un desafío para las empresas que operan en el mercado único.

Los expertos coincidieron al apuntar el nivel de detalle en las medidas a aplicar por parte de las empresas que se observa en la propuesta planteada por la Comisión Europea y, especialmente, en las enmiendas planteadas por el Parlamento Europeo, que Adrián Vázquez justificó como parte del intento de lograr una legislación común en todos los Estados miembros. También hicieron hincapié en la posibilidad que plantea la directiva de que las empresas puedan suspender o poner fin a las relaciones comerciales con empresas que formen parte de su cadena de valor en caso de incumplimiento de las medidas preventivas y correctivas de los efectos adversos.

En cuanto a los umbrales que determinan qué empresas se verán afectadas por la nueva regulación, Vázquez señaló que, previsiblemente, se va a avanzar en la línea propuesta de la Comisión Europea, avalada por el Consejo, manteniendo su aplicación a aquellas empresas que sobrepasen los umbrales de 500 empleados y 150 millones de euros de volumen de negocios, y dejando los umbrales de 250 empleados y más de 40 millones de euros de volumen de negocios únicamente para empresas pertenecientes a los sectores considerados de alto impacto (todavía pendientes de acordar). En todo caso, Adrián subrayó que ha podido constatar de primera mano cómo muchas de las empresas que ha visitado a lo largo del este proceso ya están preparadas para la normativa que viene y han avanzado mucho en la elaboración de sus informes de información no financiera.

Durante el debate también se abordaron cuestiones como la responsabilidad civil (y no penal, como se había llegado a proponer al inicio del trámite legislativo) a la que podrían hacer frente las empresas a raíz de la nueva regulación europea. En todo caso, Vázquez destacó que en la redacción de la norma se ha intentado controlar mucho el resultado final, con el objetivo de lograr que las empresas sean responsables y protejan los derechos humanos y el medio ambiente, pero sin dañar la competitividad del tejido empresarial europeo.

Uno de los aspectos de la normativa que más atención ha atraído ha sido la responsabilidad que se atribuye a los administradores en la materia, tal y como puso de manifiesto Sergio González Galán y reconoció Vázquez. Dos artículos de la directiva, el 25 (relativo a la obligación de los administradores de tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones en materia de sostenibilidad) y el 26 (que establecía la responsabilidad de los administradores de poner en marcha y supervisar las medidas de diligencia debida), abordaban esta cuestión. Uno de ellos, el 26, ya ha sido eliminado del texto de la directiva por las propias enmiendas del Parlamento Europeo y queda por determinar qué sucede finalmente con el artículo 25, aunque es previsible que, siguiendo la posición del Consejo, se elimine igualmente. En todo caso, en las enmiendas del Parlamento Europeo se introdujeron otras menciones a la responsabilidad de los administradores en el artículo 15 sobre la lucha contra el cambio climático, que también están siendo objeto de negociación.

Como señaló Vázquez, esta cuestión relativa a la responsabilidad de los administradores, el régimen de sanciones y las medidas para el sector financiero son los tres aspectos más delicados en la negociación que se está llevando a cabo en los trílogos y que podrían poner en riesgo la aprobación de la directiva.

Efectos para las pymes

En cuanto a las pymes, durante el encuentro coincidieron en que se verán afectadas por la nueva regulación, aunque sea de manera indirecta, al formar parte de la cadena de valor de otras compañías más grandes. Las ayudas para este tipo de empresas, tal y como recordó el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, estarán más en manos de los Estados miembros, que deberán implementar medidas para ayudarlas a dar respuesta a las exigencias a las que se les va a someter como parte de la cadena de valor.

Sergio González Galán invitó al representante del Parlamento europeo a ofrecer algunas recomendaciones para que las empresas puedan hacer frente al tsunami regulatorio que ya está en marcha en materia de sostenibilidad. Adrián Vázquez explicó al respecto que lo que se busca con esta Directiva sobre diligencia debida es plantear una regulación marco que, en muchos casos, se refiere a cuestiones que las empresas ya están cumpliendo en buena medida, bien por haber sido objeto de recomendaciones de buen gobierno, bien por haber sido ya parcialmente tratadas en otras normas más sectoriales. En todo caso, recomendó que las empresas se informen y se asesoren bien con los ojos puestos en Bruselas, de donde procede una parte muy relevante de las iniciativas legislativas en materia de sostenibilidad.

*Pocos días después de la celebración de este encuentro, el 14 de diciembre de 2023, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional en relación con la futura Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, tal y como informamos aquí.