Antonio Baena: “La COP25 refuerza el papel de las empresas en la lucha contra el cambio climático”
Antonio Baena, socio director de G-Advisory, firma de consultoría de Garrigues especializada en energía, medio ambiente y cambio climático, repasa en una breve entrevista las conclusiones de la Cumbre del Clima, celebrada en Madrid.La COP25 sienta las bases para que los países sean más ambiciosos ante la emergencia climática
Pese a los compromisos alcanzados, muchos consideran que los resultados de esta cumbre del clima son decepcionantes, al entender que no se ha conseguido culminar con éxito los objetivos inicialmente planteados.Portugal, hacia la neutralidad en carbono
Lograr la neutralidad carbónica para el 2050 es el objetivo central de las políticas medioambientales europeas en los próximos años. Con esto en mente, el Gobierno portugués aprobó recientemente la Hoja de ruta para la neutralidad en carbono 2050, estableciendo los principales vectores de descarbonización que se implementarán, principalmente en los sectores eléctrico y de movilidad.La XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se declara acontecimiento de excepcional interés público
En el BOE de 11 de noviembre de 2019 se publicó el Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.La Cumbre del Clima en Madrid: dónde estamos y hacia dónde vamos
El 2 de diciembre comienza en Madrid la vigésimo quinta Cumbre del Clima. El encuentro llega en un momento en el que la Unión Europea está impulsando medidas concretas para cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, y España ha puesto en marcha el Marco Estratégico de Energía y Clima.Arbitraje de inversión y desarrollo sostenible: los conflictos en torno al medio ambiente van en aumento
Las controversias sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente son frecuentes en el arbitraje de inversión y todo apunta a que en los próximos años irán creciendo con demandas que van desde supuestos incumplimientos de los Estados que deniegan licencias medioambientales al inversor, hasta demandas de los Estados contra los inversores por incumplir estos con determinadas obligaciones medioambientales.