COVID-19: La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú adopta medidas para dar continuidad al servicio en remoto
Alerta Litigación y Arbitraje Perú
La crisis sanitaria del COVID-19 determinó la paralización de funciones del Poder Judicial desde el 16 de marzo de 2020, y la adopción de algunas medidas en respuesta a esta situación de emergencia (por ejemplo: la suspensión de plazos procesales, el funcionamiento de órganos jurisdiccionales de emergencia a nivel nacional, el retiro de expedientes físicos con la finalidad de que los jueces que no forman parte de órganos jurisdiccionales de emergencia puedan trabajar desde sus domicilios, etc.).
El 22 de abril de 2020 fue publicado en el diario oficial El Peruano la Resolución No. 000055-2020-P-CE-PJ, a través de la cual la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial añade una nueva medida, dirigida a retomar la actividad jurisdiccional. Se aprobó el proyecto denominado ‘Digitalización de Expedientes de la Corte Suprema de Justicia de la República e Implementación de Trabajo Remoto ante la Emergencia por COVID-19’. Se establece que todas las Salas Supremas (Permanentes y Transitorias) empezarán a trabajar de manera remota, mediante la implementación de las siguientes medidas que se dividen en dos fases.
De acuerdo a lo señalado en el proyecto aprobado, la primera fase, que debería desarrollarse en 15 días, y empezar con los casos pendientes de calificación y pendientes de vista de fondo, consiste en lo siguiente:
- Implementar una línea de digitalización de expedientes.
- Fijar criterios de selección de expedientes, lo que estará a cargo del presidente y el relator de cada Sala Suprema.
- Crear una clasificación de los archivos a digitalizar.
- Gestionar que todos los magistrados cuenten con firma electrónica.
- Capacitar a los magistrados en el uso de plataformas de videoconferencia para la ponencia y votación de los expedientes.
La segunda fase consiste en la digitalización de expedientes físicos de las Cortes Superiores de Justicia, que deban ser elevados a la Corte de Suprema de la República. Se prevé que esta segunda fase se desarrolle en un mes.
Desde la perspectiva de los litigantes, cabe resaltar que el proyecto contempla la creación de un correo electrónico oficial por cada Sala Suprema, a fin de que los abogados de las partes puedan presentar sus escritos. Por su parte, los abogados deberán crear una dirección de correo electrónico de Gmail para recibir las notificaciones pertinentes, y garantizar su conexión ante una eventual audiencia o diligencia de informes orales o vista de la causa.
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