Litigación
Chile: Corte Suprema se pronuncia sobre los efectos del COVID-19 en los contratos de arrendamiento
La Corte Suprema, en sentencia dictada a fines del mes de julio de 2022, se pronunció respecto de los efectos de las medidas tomadas por la autoridad debido a la pandemia del COVID-19, en particular sobre la obligación del pago de las rentas en el contrato de arrendamiento.Chile: Se publica la ley “Devuélveme mi casa”
El 30 de junio de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21461, informalmente conocida como Ley “Devuélveme mi casa,” que incorpora la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles y establece un procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento, modificando la Ley 18101 sobre arrendamiento de predios urbanos y el Código de Procedimiento Civil. A continuación, se desarrollan los principales cambios introducidos por esta regulación.Chile: Se prorroga la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe y, en consecuencia, de los efectos de la ley n° 21.226
La Ley N°21.226 de 2 de abril de 2020 establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto del COVID-19 en Chile.La Corte Suprema de Chile niega la existencia del denominado ‘derecho al olvido’
La Corte Suprema de Chile rechazó, el pasado 10 de junio, el recurso en el que se denunciaba como una vulneración al derecho al olvido el mantenimiento en sitios web de información relativa a un delito cometido por una persona (el recurrente) hace más de 13 años. Este fallo resulta especialmente interesante por cuanto va en contra de la postura que había adoptado la misma Corte Suprema en algunos casos similares, en los que directa o indirectamente, había reconocido la existencia y vulneración de este derecho.COVID-19: La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú adopta medidas para dar continuidad al servicio en remoto
La crisis sanitaria del COVID-19 determinó la paralización de funciones del Poder Judicial desde el 16 de marzo de 2020, y la adopción de algunas medidas en respuesta a esta situación de emergencia (por ejemplo: la suspensión de plazos procesales, el funcionamiento de órganos jurisdiccionales de emergencia a nivel nacional, el retiro de expedientes físicos con la finalidad de que los jueces que no forman parte de órganos jurisdiccionales de emergencia puedan trabajar desde sus domicilios, etc.).COVID-19: Medidas legales adoptadas en Colombia (semana del 8 al 14 de abril)
Con ocasión de la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a través de la expedición del Decreto 417 de 2020, se ha suscitado la expedición de una gran cantidad de normas que tienen como objetivo controlar y convivir con el contagio del virus COVID-19 en el territorio colombiano. Considerando el impacto de tales disposiciones en las diferentes áreas de práctica del Despacho, a continuación, hacemos un breve recuento de las principales disposiciones expedidas entre la semana del 8 y al 14 de abril de 2020.Chile publica la ley que regula el plazo de pago de facturas emitidas por empresas de menor tamaño
La ley n° 21.217 tiene por objeto regular y limitar el plazo que se podrá estipular libremente por las partes para efectos de pago de facturas emitidas por empresas de menor tamaño. Esta ley viene a complementar la modificación realizada por la ley n° 21.131 que estableció el pago de facturas a 30 días, salvo un acuerdo escrito entre las partes que no sea abusivo para el acreedor.COVID-19: El mantenimiento de la actividad productiva, ¿puede generar un potencial problema penal para los empresarios?
En la organización del trabajo resulta esencial seguir todas las indicaciones que se trasladan desde las autoridades públicas, particularmente las sanitarias, pues la no adopción por el empresario de las medidas necesarias para garantizar que la actividad se realice en condiciones de salud y seguridad, también frente al COVID-19, de forma que se ponga en riesgo grave la vida, salud o integridad física de los trabajadores, puede constituir un delito de los previstos en los artículos 316 o 317 del CP.