COVID-19: Balance legal del año que lo cambió todo y tendencias para 2021

MERCANTIL

¿Cuáles han sido los principales hitos de 2020?

Toda la actividad legislativa del año 2020 ha estado dominada por la normativa aprobada como consecuencia de la declaración del estado de alarma y las medidas frente al COVID-19. En este terreno destacan las medidas tomadas en materia de retraso de plazos para formulación y aprobación de cuentas anuales o la posibilidad de celebrar juntas telemáticas. También se ha suspendido el régimen de liberalización de inversiones extranjeras directas, se han adoptado medidas en relación con el reparto de dividendos en caso de acogimiento a los ERTE o se ha aprobado el acceso a las líneas ICO, entre otras muchas medidas, muchas de ellas contempladas en los reales decretos-leyes 8/2020, 11/2020 y 18/2020, principalmente.

Fuera de las normas aprobadas en materia de crisis sanitaria/económica cabría destacar dos:

• La modificación de la legislación sobre la cadena alimentaria, realizada con carácter de urgencia mediante el RD-ley 5/2020; y
• La reforma del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.

¿Qué se espera para 2021?

2021 va a ser el año de la sostenibilidad y de las fusiones de bancos.

• Se ha publicado recientemente una Consulta de la Comisión Europea sobre gobierno corporativo sostenible. Los objetivos que se persiguen son:
• reforzar el papel de los administradores en el cumplimiento del interés a largo plazo de la empresa;
• mejorar la responsabilidad de los administradores para integrar la sostenibilidad en la estrategia corporativa y la toma de decisiones; y
• promover prácticas de gobierno corporativo que contribuyan a la sostenibilidad de la empresa (por ejemplo, en el área de la remuneración del consejo, composición del consejo e involucración de los stakeholders).
• En España está pendiente de aprobación el proyecto de ley de implicación a largo plazo de los accionistas.
• También se prevé la aprobación de una nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
• La CNMV está trabajando en una nueva Ley de Mercado de Capitales.

Por otra parte, no está claro si la distribución en España de los préstamos y subvenciones provenientes del Plan europeo de recuperación (Next Generation UE) puede traer cambios normativos en el área mercantil.

Fechas a marcar en el calendario

La única fecha cierta en materia mercantil a anotar ahora mismo en el calendario es que, en virtud del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, se ha aprobado la extensión hasta el 31 de diciembre de 2021 de la asistencia telemática a sesiones de algunos órganos sociales (definidas como todas las reguladas por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), las sociedades civiles, las sociedades cooperativas, las asociaciones y las fundaciones. Además, 2021 es el año en el que las sociedades cotizadas van a tener que remitir sus informes financieros y cuentas bajo ese nuevo formato y sistema que cambia la práctica actual. También es el año en el que la exención de la obligación de elaborar el informe no financiero por tener menos de 500 empleados, pasa a ser de 250 empleados.

 

TRIBUTARIO

¿Cuáles han sido los principales hitos de 2020?

En el ámbito tributario, cabe destacar la proliferación normativa del año 2020. Aunque buena parte de las nuevas normas de este año han estado relacionadas con el COVID-19 a nivel nacional, autonómico y local (como se puede ver aquí), también ha habido novedades al margen de la pandemia. Es el caso de la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales y del impuesto sobre transacciones financieras. Y entre las relacionadas con el COVID-19, cabe destacar la reducción o anulación del IVA para el material sanitario y la posibilidad de realizar las actuaciones administrativas por vía telemática.

En los tribunales, cabría destacar algunas sentencias del Tribunal Constitucional, como la que ha declarado la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 2/2016, en relación con el pago fraccionado mínimo, en el marco del recurso contencioso-administrativo interpuesto por un cliente de Garrigues; o la inconstitucionalidad del impuesto nuclear de Castilla y León. También el Tribunal Supremo ha resuelto cuestiones relevantes como la limitación a la interpretación dinámica de los convenios para evitar la doble imposición en las sentencias  Stryker y Colgate –con el asesoramiento de Garrigues-; la limitación del alcance del concepto de ajuar doméstico a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; la posibilidad de aplicar la reducción por arrendamientos de vivienda en el IRPF sobre rentas no declaradas; o diversas sentencias que determinan que la prueba de que las dietas se pagan por la realización de la actividad corresponde al empleador y no al empleado. A estas decisiones se suman otras sentencias y resoluciones relevantes; la aplicación de la exención en el IRPF en los despidos de altos directivos y no solo en el desistimiento; la resolución del TEAC según la cual las costas judiciales solo tributan en el IRPF por el importe neto, tras reducirlas en los gastos de defensa; o el reconocimiento de la exención por trabajos en el extranjero a los administradores.

¿Qué se espera para 2021?

Y de cara al nuevo año, conviene estar preparado para las novedades más relevantes a la vista, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el judicial. Es el caso de las subidas en el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio o la reducción de la exención por dividendos y rentas derivadas de la transmisión de participaciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; las posibles sentencias del TJUE y del Tribunal Supremo en relación con el Modelo 720; el análisis de una potencial armonización fiscal de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas; la introducción del “valor de referencia” a efectos de ITPyAJD y del Impuesto sobre Sucesiones en el  Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal; el nuevo Impuesto sobre envases de plástico de un solo uso previsto en el Anteproyecto de Ley de Residuos para impulsar una economía circular, mejorar la gestión de residuos en España y luchar contra la contaminación; la trasposición de las directivas DAC6 y ATAD 2; y la sentencia del TJUE sobre la compatibilidad del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica con el Derecho de la Unión.

Además, las empresas deben apuntar en sus agendas la primera liquidación del Impuesto sobre Transacciones Financieras, en enero de 2021, y la primera liquidación del Impuesto sobre Servicios Digitales, en el primer trimestre de 2021.

 

LABORAL

¿Cuáles han sido los principales hitos de 2020?

En el ámbito laboral, la pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto en las relaciones de trabajo y ha conllevado la aprobación de un gran número de normas, instrucciones, criterios interpretativos, etc. (como se puede ver aquí).

En un primer momento, el objetivo prioritario del asesoramiento laboral consistió en abordar los efectos del confinamiento no solo a través de los mecanismos legales existentes sino especialmente mediante aquellos otros que se iban aprobando, principalmente relacionados con la suspensión colectiva de contratos de trabajo o con reducciones colectivas de jornada o con el denominado permiso retribuido recuperable (aquí se accede a sus características). El teletrabajo, ante la ausencia de una regulación legal hasta el reciente Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, ha sido uno de los principales problemas que las empresas han tenido que solucionar en aquellos casos en los que la prestación de servicios ha podido desarrollarse a distancia (aquí se pueden ver las principales novedades sobre el teletrabajo y las cuestiones surgidas tras la aprobación de la nueva norma).

Posteriormente, el asesoramiento laboral se enfocó en la necesidad de adaptación de las empresas a la nueva situación existente tras la declaración del estado de alarma y el confinamiento general de la población, valorando las posibilidades existentes de reorganizar sus recursos tras la aprobación de determinadas limitaciones para extinguir contratos o la exigencia de mantenimiento del empleo en ciertos casos (como se puede ver aquí). Asimismo, las empresas tuvieron que afrontar materias no abordadas con anterioridad, principalmente relacionadas con la reincorporación presencial a los centros de trabajo tras la finalización del estado de alarma, para las que ni la legislación ni la doctrina judicial contemplaban soluciones válidas (aquí se pueden ver los aspectos esenciales a considerar en el retorno al centro de trabajo). Así, se afrontaron cuestiones relacionadas con los procesos de rastreo y la geolocalización, los pasaportes de inmunidad, la implantación de tecnología para prevenir y detectar contagios en los centros de trabajo, la toma de temperatura para el acceso a los mismos, la realización de encuestas de salud, etc.

La pandemia y la prolongación de sus efectos ha generado también que se implanten tecnologías de comunicación en procesos de negociación colectiva, desarrollándose procesos telemáticos y virtuales de negociación, así como la asistencia a juicios y conciliaciones telemáticas. En este contexto, ha cobrado importancia la utilización de herramientas para la identificación así como para la firma electrónica de documentos en remoto.  

Con carácter adicional a lo anterior, han seguido su curso otras tendencias ya iniciadas con anterioridad como, por ejemplo, el fomento de la igualdad entre sexos y la lucha contra la brecha salarial (aquí se pueden ver las últimas novedades al respecto) y los procesos de laboralización de trabajadores autónomos, especialmente en el ámbito de determinadas actividades empresariales.

¿Qué se espera para 2021?

En línea con la tendencia ya existente en la actualidad, durante 2021 continuará el proceso de equiparación laboral entre hombres y mujeres, especialmente en materia salarial. Asimismo, es previsible que continúen los procesos colectivos de modificación de condiciones laborales para adecuar la situación de las empresas, y de sus recursos, a la crisis existente; así como que se produzca un revulsivo del concepto de trabajo por cuenta ajena y, ante la inexistencia de una regulación en la que encajen determinadas formas de prestación de servicios (en la mesa de diálogo social ya se está discutiendo la nueva regulación para los trabajadores de plataformas digitales), que se continúe con el proceso de laboralización masiva de trabajadores por cuenta propia que operan a través de estas plataformas.

Por otro lado, una vez finalizado el período de consulta pública, continuará la tramitación de la carta de derechos digitales que, en el ámbito laboral, recoge derechos como la desconexión digital o la protección de la intimidad de los trabajadores.

Existen igualmente otras materias que durante 2021 tendrán un especial protagonismo, como será el posible nuevo incremento del salario mínimo interprofesional, la anunciada limitación en la subcontratación en determinadas actividades (ya sea en forma de prohibición o con la exigencia de la equiparación de condiciones laborales y económicas entre el personal propio y el subcontratado), la posibilidad de que se vuelva a prohibir la jubilación forzosa, lo que incidirá claramente en la gestión del relevo generacional en un período especialmente difícil para el empleo juvenil, así como revivirá el debate sobre la reducción de la jornada laboral a treinta y dos horas en cuatro días semanales.

Fechas a marcar en el calendario

2021 será sin duda, de nuevo, un año en el que las cuestiones laborales gozarán de un especial protagonismo.

En principio, salvo que se produzca una nueva extensión, está previsto que el 31 de enero de 2021 finalice la prórroga de los vigentes expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor, así como la mal llamada prohibición de despedir (aquí se puede ver un resumen de la norma que así lo prevé). Esta circunstancia, habida cuenta de la prolongación de la pandemia y de sus efectos sobre la economía en general, y sobre la actividad empresarial en particular, hará que muchas empresas necesariamente tengan que plantearse abordar procesos de adaptación a la realidad existente y a las previsiones estimadas, tanto en términos de ajustes de plantillas como de condiciones laborales.

Por otro lado, el 14 de abril de 2021 entrará en vigor el reglamento de igualdad retributiva que exige un detallado registro salarial de la plantilla así como la obligatoriedad de auditorías retributivas, mientras que las empresas de entre 101 y 150 trabajadores tendrán que disponer de un plan de igualdad antes del 7 de marzo de 2021 y las empresas con planes de igualdad vigentes tendrán que adaptarlos antes de que transcurran doce meses desde el 14 de enero de 2021, fecha en la que entrará en vigor el reglamento de desarrollo de los planes de igualdad (aquí se accede a un resumen de ambas normas).

 

DERECHO ADMINISTRATIVO

¿Cuáles han sido los principales hitos de 2020?

Durante 2020 la producción normativa en el ámbito del Derecho Administrativo ha sido especialmente relevante. Gran parte de las normas aprobadas durante este año han estado relacionadas con el COVID-19, como han sido el propio Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la declaración del Estado de Alarma, y todas las leyes, reales-decretos-leyes, reales decretos y órdenes ministeriales vinculadas o dictadas para su desarrollo, las cuales, en conjunto, ha tenido una enorme incidencia en este concreto sector jurídico, sobre todo en materia de contratación pública, de procedimiento administrativo, de la jurisdicción contencioso-administrativa, energía, infraestructuras, ayudas y subvenciones, prestaciones obligatorias, derecho sancionador, etc. Hemos ido analizando las principales novedades en nuestro especial COVID-19.

Como novedades al margen de la pandemia, resultan destacables, entre otras, el nuevo régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica, aprobado mediante el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, así como la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el mecanismo de subasta para el otorgamiento de este nuevo régimen económico, y la Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, mediante la que se convoca la primera subasta a su amparo, la adaptación a la normativa de la UE en materia de traslado de residuos, por medio del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, o el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía, principalmente, en lo que respecta al desarrollo ordenado e impulso de las energías renovables, a la regulación del acceso y conexión, y a la mejora y simplificación de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas.

¿Qué se espera para 2021?

Para 2021 están proyectadas múltiples novedades relevantes con incidencia en el ámbito del Derecho Administrativo. Es el caso de la aprobación prevista para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley General de Telecomunicaciones, los avances en la tramitación tanto de la Ley que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico como de Ley Europea del Clima o la convocatoria de subastas adicionales en relación con el régimen económico de las energías renovables. También, durante este año que entra, podría acabar siendo finalmente aprobado el Real Decreto por el que se regulan el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, así como la Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrados en el transporte, o el Real Decreto por el que se regulan las redes de distribución de energía eléctrica cerradas. 

En relación con la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación (NextGeneration EU), deberán aprobarse en el corto y medio plazo tanto el real decreto-ley para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia, como la correspondiente normativa de desarrollo que permita adoptar las medidas concretas dirigidas a su consecución material (registros administrativos, bases reguladoras y convocatorias, medidas de modernización de la Administración Pública para adecuarse a los retos derivados de dicho proceso de ejecución, etc.).      

 

REESTRUCTURACIONES E INSOLVENCIAS

¿Cuáles han sido los principales hitos de 2020?

Durante el año 2020 hemos asistido a una proliferación normativa de urgencia debido, en gran parte, a la crisis económica derivada del COVID-19. Así, podemos destacar el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma y se suspendieron los plazos procesales (situación que se prorrogó hasta el 4 de junio); o el Real Decreto Ley 16/2020, convalidado parlamentariamente por la Ley 3/2020, por el que, entre otras medidas, se suspendió el deber de solicitud de concurso de acreedores -inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2020 y posteriormente prorrogado hasta el 14 de marzo de 2021- y se introdujo la posibilidad de modificar el convenio concursal o el acuerdo de refinanciación homologado. También cabe mencionar la distribución de fondos gubernamentales para reforzar la solvencia de empresas y autónomos (líneas y créditos ICO y CESCE), así como de empresas estratégicas (FASEs).

En otro orden de cosas, el 1 de septiembre entró en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo. A pesar de tratarse de una refundición, dicho texto ha incorporado determinadas novedades. Especialmente destacable ha sido la refundición en el ámbito de la venta de unidades productivas, donde se ha incorporado una definición del concepto de “unidad productiva”, se ha limitado la responsabilidad del adquirente y se ha confirmado la competencia del juez del concurso para determinar la existencia de sucesión de empresa. Asimismo, durante este año determinados juzgados se han abierto a la adopción de la figura del administrador silente (silent administrator) para agilizar la venta de unidades productivas mediante pre-pack, nombrando a una suerte de monitor con carácter previo a la declaración de concurso que supervise que el proceso competitivo de selección del mejor postor se sigue adecuadamente.

¿Qué se espera para 2021?

El nuevo año traerá consigo el fin de la moratoria para solicitar la declaración de concurso, que el Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre ha prorrogado hasta el 14 de marzo de 2021. En esa misma fecha terminará también la posibilidad para el deudor de presentar una modificación del convenio de acreedores aprobado o del acuerdo de refinanciación homologado alcanzado con sus acreedores.

Asimismo, el 17 de julio de 2021 finalizará -salvo prórroga excepcional de un año- el plazo para que España trasponga la nueva Directiva 2019/1023, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. La transposición traerá consigo importantes novedades, en especial en el ámbito de la “segunda oportunidad”, en materia de reestructuración previa a la insolvencia, así como en la interrelación entre derecho concursal y derecho societario.

 

LITIGACIÓN Y ARBITRAJE

¿Cuáles han sido los principales hitos de 2020?

El impacto del COVID-19 en el cumplimiento de los contratos ha sido uno de los temas más relevantes de 2020 en el ámbito de la litigación. La pandemia también ha tenido efectos en el terreno del arbitraje, desde diversos puntos de vista: pudiendo convertirse en una oportunidad para revolucionar el arbitraje o por su impacto en el arbitraje de inversión.

Además, este año cabe destacar, al margen de la pandemia, la puesta en marcha y presentación del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, sobre el que ya habíamos hablado aquí, señalando que nacía con una clara vocación de convertirse en la institución arbitral española de referencia en el ámbito internacional.

También ha habido sentencias relevantes para el mundo del arbitraje, como la sentencia 46/2020, de 15 de junio, del Tribunal Constitucional, en la que recuerda y consolida su doctrina acerca de algunos conceptos importantes del ámbito de control de los laudos arbitrales por los tribunales, reforzando con ello la posición de España como sede de arbitraje (más información aquí).

¿Qué se espera para 2021?

Desde el punto de vista de la litigación, el tema clave seguirá siendo, al igual que lo ha sido en 2020, las controversias derivadas del impacto de la pandemia en el cumplimiento de los contratos. Como al inicio de cualquier ciclo económico de crisis, el 2021 será un año marcado por las disputas derivadas de incumplimientos contractuales.

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

¿Cuáles han sido los principales hitos de 2020?

El impacto del COVID-19 ha conmocionado a la industria del entretenimiento: rodajes interrumpidos, conciertos cancelados o pospuestos, librerías clausuradas temporalmente y ferias y festivales aplazados. La normativa aprobada con motivo del COVID-19 en esta área ha ido dirigida principalmente a paliar los efectos de la pandemia en cuestiones procedimentales (p. ej., ante las oficinas de propiedad intelectual e industrial). Salvo cuestiones puntuales -como la posibilidad de flexibilizar el destino de los fondos asistenciales de las sociedades de autores y artistas para auxiliar a sus miembros-, no ha afectado a cuestiones de calado.

Más relevante como estrategia de país ha sido la aprobación de generosos incentivos fiscales a la producción audiovisual a través de la reforma parcial del artículo 36 del Impuesto de Sociedades (ver aquí).

Al margen de la pandemia, y dentro de la estrategia España 2025 que persigue convertir a nuestro país en un referente de la producción audiovisual, la publicación del anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual (DSCA) el pasado 6 de noviembre ha supuesto uno de los grandes hitos del año.

Cabe destacar también la aprobación por el Parlamento Europeo el 20 de octubre de 2020 de tres informes que estudian cómo regular la inteligencia artificial para impulsar la innovación, el respeto de estándares éticos y la confianza en la tecnología. Por último, la Propuesta de Reglamento de Mercados Digitales (que analizamos aquí) y la Propuesta de Reglamento de Servicios Digitales de la Comisión Europea (ver aquí), todavía en fase embrionaria, persiguen reequilibrar los derechos y obligaciones de los actores que confluyen en el entorno digital.

¿Qué se espera para 2021?

En 2021, veremos culminar la nueva Ley General Audiovisual y, también, la transposición en España de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital que, en tiempos difíciles para autores y artistas, incluye mecanismos de renegociación de los contratos para mejorar los royalties derivados del streaming. El proceso legislativo en Europa para la aprobación de los reglamentos de mercados y servicios digitales, así como las normativa europea sobre inteligencia artificial, seguro darán que hablar.

 

Privacidad, tecnología, servicios digitales, comunicaciones y ciberseguridad

¿Cuáles han sido los principales hitos de 2020?

Este año que termina ha estado plagado de novedades en el ámbito de la privacidad, y no sólo por los efectos de la pandemia. Empezando por esta última, hemos visto cómo las medidas de prevención y de seguridad, tanto en el ámbito de las empresas como de los establecimientos públicos, han tenido que desplegarse analizando de forma detenida cómo afectaban a la privacidad de las personas. Hemos vivido intensos debates sobre los posibles conflictos entre privacidad y salud, como se puede ver aquí, en la búsqueda de preservar estos derechos de forma plena, sin que ninguno de los dos se vea perjudicado en favor del otro. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también se ha posicionado con diversos documentos, informes y recomendaciones en relación con el tratamiento de datos vinculados al COVID-19.

Más allá de la pandemia, ha habido también importantes novedades en el ámbito de la privacidad tanto en España como en Europa. La nueva regulación de las cookies, la anulación del Escudo de Privacidad que ha revolucionado nuevamente la normativa en relación con las transferencias internacionales de datos hacia fuera de la Unión Europea o la propuesta de una Carta de Derechos Digitales en España son solo algunas de las novedades y materias que seguirán avanzando.

En lo que respecta al cumplimiento de la normativa de privacidad, hemos visto la primera sanción millonaria de la Agencia Española de Protección de Datos, y muchas otras sanciones menores que están empezando a marcar el camino de la interpretación práctica del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD).

En materia de derecho tecnológico, hemos visto un importante impulso en materia de casos de uso y aplicaciones basados en blockchain y en identidad digital; y desde el punto de vista regulatorio, en España se ha derogado la ya obsoleta Ley de Firma Electrónica de 2003, y con ella aquellos preceptos incompatibles con el Reglamento eIDAS para acabar de alinear plenamente nuestro ordenamiento jurídico al citado Reglamento, a través de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que complementa aspectos que el Reglamento no ha armonizado y cuyo desarrollo remitía a los ordenamientos de los diferentes Estados miembros.

En España tenemos un proyecto de ley general de telecomunicaciones, que sustituirá a la ley actualmente vigente, y que incorporará las nuevas disposiciones contenidas en la Directiva Europea que desarrolla el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Esta directiva, cuyo plazo de transposición ha finalizado en el mes de diciembre de 2020, hace converger en una misma regulación a los operadores de telecomunicaciones tradicionales, con los prestadores de servicios electrónicos que utilizaban esas redes pero se mantenían todavía fuera de la regulación (servicios de mensajería como los que usamos todos los días en el móvil, servicios en la nube, etc.).

En lo que respecta a la ciberseguridad, seguimos viendo cómo avanzan los ataques cibernéticos y se hacen cada vez un poco más sofisticados, siendo muy habitual en los últimos meses los ciberataques consistentes en ransomware (encriptación de toda la información de la compañía y petición de un rescate a cambio de las claves de desencriptación) mezclado con robo de información (con la amenaza de publicación en internet si no se paga el rescate).

Este año ha visto también la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (que regula determinados aspectos de las plataformas P2B2C, ver aquí), así como la aprobación, a través de la citada Ley 6/2020, del régimen sancionador de los incumplimientos de dicho Reglamento (ver asimismo esta noticia al respecto).

¿Qué se espera para 2021?

El año que comienza tendrá una continuidad en el impulso de algunas de las materias mencionadas. En el ámbito regulatorio, tanto en España como en la Unión Europea, se espera un avance importante de la legislación en materia de derechos digitales (con la aprobación final de la Carta de los Derechos Digitales en España), la regulación de las plataformas y de servicios digitales, con la Digital Services Act y la Digital Markets Act de la Unión Europea (ver aquí nuestro especial) y, muy probablemente, tendremos noticias en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial a nivel europeo, ámbito en el que ya existen propuestas de normativa que se están comenzando a tramitar.

Seguiremos esperando avances en la aprobación del Reglamento europeo de e-Privacy, cuyo último borrador ha sido publicado por la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea y está estancado desde hace años.

También será el año en que las redes 5G impulsen su despliegue. España ya está preparando su marco regulatorio en el que, además de la nueva ley de telecomunicaciones, se aprobará una ley específica de ciberseguridad para el 5G.

También en materia de ciberseguridad, las empresas deberán tomarse muy en serio la seguridad de la información, y deberían compaginar la ya necesaria auditoría de RGPD, con planes de preparación ante ciberataques.

Fechas a marcar en el calendario

Como hitos que esperamos se materialicen en 2021 esperamos ver publicada en el BOE la nueva Ley General de Comunicaciones Electrónicas y, por qué no desearlo, el nuevo Reglamento e-Privacy finalmente aprobado a nivel europeo.