Los socios de Garrigues Juan Manuel Cabeza y Javier Fernández Rivaya repasan junto a Rafael Domínguez Olivera, abogado del Estado-Jefe en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la evolución de la contratación pública ecológica en España.
Sergio González Galán y Eduardo Gómez de Salazar, socios de Garrigues, debaten con Carlos Sáez Gallego, ‘country head’ de España del ‘proxy solicitor’ Georgeson.
La sostenibilidad en las relaciones laborales ocupa un espacio estratégico cada vez mayor en las agendas corporativas. La socia responsable de Garrigues Sostenible, Rosa Zarza, debate sobre estas cuestiones con Clara Arpa, presidenta de Pacto Mundial de Naciones Unidas España.
La directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha repasado las conclusiones de la 26ª Conferencia para el Cambio Climático de la ONU (COP26) en la que tomó parte, analizando los resultados versus las expectativas. Su conclusión es optimista.
Los expertos de Garrigues Javier Fernández Rivaya, Victoria Esteban y José María Cobos, y de G-advisory, Máximo Martín, han analizado las claves de la nueva regulación desde diferentes ángulos legales, fiscales y técnicos.
La nueva normativa europea introduce novedades muy relevantes para la actuación de las principales plataformas digitales.
El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado, el 12 de octubre de 2022, el largamente esperado Reglamento de Mercados Digitales (comúnmente conocido como Digital Markets Act o DMA), que regula la actuación de las grandes plataformas digitales en la Unión Europea. El DMA se aplicará con carácter general a partir del 2 de mayo de 2023.
Alerta Bancario y Financiero Colombia
Mediante la expedición de la Circular Externa 020 de 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia modifica el subnumeral 1.3.6.1.2.8 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica con el fin de incorporar requisitos específicos a las emisiones de bonos de destinación específica.
Si bien a través de la Circular Externa 028 de 2020 y la guía de bonos verdes se habían establecido requisitos para bonos que contribuyan con el logro de objetivos ambientales (verdes), los diferentes actores del mercado de valores han demostrado interés en emitir bonos con destinación específica diferentes a los verdes.
Hasta el momento, tanto la Superintendencia Financiera como los emisores de dichos bonos de destinación específica diferentes a los verdes se han guiado por la normativa determinada en la Circular 028, aplicando por analogía los diferentes requisitos y señalando otros según la necesidad de cada caso en particular.
Teniendo en cuenta el creciente interés del mercado en dar fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos sostenibles adicionales a los verdes, la Superintendencia, por medio de la Circular 020 de 2022, decidió establecer un marco que regule la emisión de diferentes tipos de bonos de destinación específica, como pueden ser aquellos que promuevan objetivos sociales o de economía naranja. Esto, tomando como referencia diferentes estándares internacionales como, por ejemplo, los señalados por el International Capital Market Association (ICMA, por sus siglas en inglés).
De esta manera, el nuevo marco normativo reconoce el desarrollo de los bonos verdes, sociales, sostenibles, naranja y de género, valores que ya han sido autorizados por la Superintendencia Financiera y colocados en el mercado público de valores. Asimismo, la norma faculta que las denominaciones se hagan extensibles a otros valores de contenido crediticio, como pueden ser papeles comerciales y títulos en procesos de titularización.
Finalmente, se confirma la necesidad de cumplir con los cuatro pilares de ICMA para efecto de cualquier autorización futura, siendo necesario que se cumplan obligaciones de revelación en relación con: (i) uso de fondos, (ii) proceso de evaluación y selección de proyectos elegibles, (iii) políticas de gestión de fondos y (iv) reportes tanto del emisor como de un verificador externo.
Las instrucciones impartidas en la Circular Externa 020 serán aplicables a las solicitudes de autorización de emisiones que se radiquen a partir de la fecha de publicación de dicha circular.
La Circular Externa puede consultarla en el siguiente enlace , así como sus anexos.
Alerta Administrativo Chile
El 10 de agosto de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21473 sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos.
La ley establece requisitos, limitaciones, prohibiciones y sanciones con el propósito de regular la instalación de elementos publicitarios destinados a captar la atención de quienes transitan por un camino público o vía urbana, o concurren a un espacio público, sea que tales elementos se emplacen en bienes públicos o privados, a fin de velar por la seguridad vial y de minimizar el impacto que dichos elementos generan en su entorno.
Para tales efectos, las instalaciones de elementos publicitarios deberán contar con las autorizaciones y permisos que les sean exigibles, cumpliendo con los requisitos y prohibiciones que para cada caso se establecen y en las normas reglamentarias que al efecto se dicten. En este sentido, la ley se aplica a elementos publicitarios que puedan ser vistos desde: (i) caminos públicos situados fuera de los límites urbanos; (ii) vías públicas urbanas declaradas como caminos públicos por decreto supremo; (iii) vías públicas urbanas que no correspondan a caminos públicos; (iv) otros espacios públicos urbanos, tales como plazas y parques; y (v) el interior de unidades habitacionales.
Entre las principales novedades, se destacan:
Una vez que entren en vigencia los reglamentos señalados en el artículo 38 de la ley, los avisadores publicitarios que se encuentren desarrollando dicho giro tendrán un plazo de dos años para obtener o regularizar su inscripción en el registro respectivo y para entregar la garantía a la que se refiere el artículo 12 de la ley. Transcurrido este plazo sin efectuar las gestiones pertinentes, caducarán los permisos otorgados para instalación de elementos publicitarios que tengan vigentes.
La Ley 21473, al establecer un régimen general de publicidad callejera, busca poner orden sobre una materia que se encontraba regulada en cuerpos reglamentarios de dudosa vigencia actual. Este nuevo régimen, sin embargo, no ha derogado las disposiciones sobre publicidad en caminos dados en concesión de obra pública (DS MOP 900, de 1996), ya que el artículo 10 de la ley del ramo autoriza al MOP otorgar en los contratos de concesión que celebre el derecho del concesionario de realizar publicidad dentro del área de concesión, sujeto a las regulaciones que se contengan en el respectivo contrato.
Alerta Tributario España
Según el tribunal, este gravamen distorsiona la libre competencia por su configuración y elevado importe.
En su sentencia de 14 de julio de 2022, cuya dirección jurídica ha correspondido a Garrigues, el Tribunal Supremo analiza el gravamen en concepto del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de los operadores de telefonía móvil.
El tribunal subraya, en primer lugar, que el epígrafe 761.2 ("servicio de telefonía móvil”) del IAE es un gravamen sectorial y específico para la actividad de telefonía móvil, que entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización).
Analizado el gravamen a la luz de la directiva, el tribunal concluye que no cumple las condiciones y requisitos exigidos por esta. Entre otras, el tribunal observa que dicho gravamen obstaculiza, dada su configuración y elevado importe, los objetivos de avance y libre competencia perseguidos por la normativa armonizadora europea.
El tribunal revisa de esta forma su anterior doctrina (como reconoce de forma expresa en la sentencia), de acuerdo con los criterios interpretativos ofrecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 6 de octubre de 2020 en el asunto C 443/19 (comentada en nuestra alerta de 3 de febrero de 2022), que ha servido de base también para la anulación por el propio tribunal del gravamen en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de las concesiones de espectro radioeléctrico.
