Administrativo
La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid configura un modelo basado en la sostenibilidad y la eficiencia
La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 ha sido publicada recientemente mediante la Resolución, de 4 de enero de 2019, del Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Contiene medidas destinadas a la prevención de la generación de residuos y a una adecuada gestión de éstos, priorizando la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización, por este orden, frente a la eliminación de los mismos. Todo ello en aras de una mayor sostenibilidad medioambiental en la utilización de los recursos naturales, minimizando las potenciales afecciones sobre el medio ambiente y la salud humana.España regula determinados aspectos relativos al comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
El Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, modifica el régimen jurídico para afrontar el período de comercio de derechos de emisión 2021-2030 y adaptarlo a las previsiones normativas europeas en la materia. Concretamente, se regulan las siguientes cuestiones: (i) las solicitudes de asignación gratuitas de derechos de emisión; (ii) el régimen de exclusión de instalaciones de pequeño tamaño y hospitales; y (iii) las obligaciones de publicación relacionadas con el mecanismo de compensación de costes indirectos.Newsletter Medio Ambiente - Enero 2019
En este número analizamos la adaptación de la normativa española a la regulación europea sobre evaluación de impacto medioambiental y abordamos el nuevo modelo de ordenación urbanística de Extremadura. También ofrecemos un amplio listado con la normativa de medio ambiente aprobada a nivel europeo, estatal y autonómico.Un nuevo proyecto de ley tipifica en Chile los delitos ambientales y promueve un sistema de prevención de daños
Ingresó al Congreso Nacional de Chile, el pasado 22 de enero, un proyecto de ley que busca promover la prevención de daños al medio ambiente, estableciendo delitos ambientales y entregando mayores facultades de fiscalización y persecución penal a la Superintendencia del Medio Ambiente.